Ciudad en dictadura - Parte 8

Se construyeron 38 escuelas con un costo de entre 1000 y 1500 dólares el metro cuadrado, incluyendo el equipamiento escolar. El costo fue muy alto en comparación con los precios internacionales, sin embargo se dio en un contexto de dólar particularmente bajo. La Municipalidad no puso tope al costo de las obras, lo que implicó que se utilizaran en ocasiones materiales caros e innecesarios. Los terrenos donde se ubicaron las escuelas fueron elegidos por la Municipalidad, siguiendo criterios de disponibilidad. Sin embargo, resulta muy sugerente que la mayor parte de las escuelas se ubicaran en barrios de sectores medios y altos[63].

La construcción de escuelas terminó siendo una de las obras menos cuestionadas del período de la dictadura. En primer lugar por ser equipamiento siempre necesario en tanto responde a necesidades sociales, en segundo término, por la calidad de los diseños y los estudios de primera línea involucrados en los proyectos, constituyendo un conjunto de escuelas de alta calidad[64]. Sin embargo, se repitieron algunas cuestiones propias del estilo de gestión municipal del período: la exclusión de la participación de los actores más involucrados en la toma de decisiones, costos excesivos de las obras sin control alguno por parte de la municipalidad, falta de diagnóstico y registro de las necesidades específicas a atender (por ejemplo, estudiando la distribución de escuelas en la capital e identificando zonas de vacancia), inequitativa distribución de los recursos entre los diversos sectores sociales, privilegiando aquellas zonas de sectores medios y altos y desatendiendo las zonas más pobres, tiempos apresurados para el diseño de los proyectos y ejecución de las obras, lo que supuso muchas fallas.

Otro equipamiento de importancia, fue la creación de un Mercado Central de abasto de frutas, verduras y carnes para todo el conglomerado metropolitano, que era un proyecto que preexistía al gobierno dictatorial. La idea era centralizar en un solo lugar la oferta y la demanda en un mercado de libre acceso, con el fin de transparentar las operaciones, mejorar los precios eliminando intermediaciones, facilitar el control y reemplazar los varios mercados que existían en el área metropolitana entre otras cuestiones. Para el caso de la capital, se buscaba eliminar al Mercado de Abasto a partir de la inauguración del nuevo Mercado Central en Tapiales (Provincia de Buenos Aires).

Otra medida ligada a la reorganización y reglamentación de los mercados fue la internación de la gran mayoría de las Ferias Francas y la clausura de otras. Se buscaba que no hubiera ferias en las calles, salvo aquellas artesanales que pudieran resultar atractivas para los turistas. Cacciatore consideraba que las ferias resultaban molestas por los ruidos, olores y la suciedad que causaban, además de las molestias al tránsito y la degradación estética del área. Las ferias fueron trasladadas a lo largo de 1977, a predios pertenecientes a la Municipalidad o que dependían de algún modo de ésta, aplicando el principio de subsidiaridad del estado, incentivando la participación privada[65]. La Municipalidad cedía terrenos o predios y los feriantes debían conformar algún tipo de cooperativa y construir, ellos mismo, un centro de abastecimiento o un mercado. Las ferias que no se adaptaran a las nuevas circunstancias fueron clausuradas. También se prohibieron los carros y puestos de venta individuales de verduras y frutas, por los mismos motivos estéticos e higiénicos.

Siguiendo con los grandes equipamientos, en el período se construyó la Terminal de ómnibus de larga distancia de Retiro. La iniciativa fue de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, en el nivel nacional. Se realizó una licitación para las obras en Diciembre de 1977, pero la concesión de obra recién se realizó en 1979, debiendo la empresa construir, explotar y mantener el conjunto por 12 años a partir del 15 de Julio de 1980. El terreno elegido era un terreno fiscal ubicado entre las Av. Antártida Argentina, Ramos Mejía y las vías del Ferrocarril San Martín, de 110.000 metros cuadrados, mientras que la superficie cubierta sería de un poco menos de 40.000 metros cuadrados. La empresa contrató a los arquitectos proyectistas Serra Valera junto con Raúl Petrucci, quienes diseñaron el edificio. La obra se llevó adelante entre 1980 y 1982.

Otra intervención de importancia fue la creación del Centro Cultural Recoleta. Se trataba de un conjunto edilicio antiguo, que contenía en su interior segmentos construidos y restaurados en distintas épocas. Con el fin de transformarlo en Centro Cultural se restauraron algunos sectores, manteniendo la estructura arquitectónica y otros sectores se hicieron a nuevo. El proyecto es de 1979 y fue encargado a los arquitectos Bedel, Bendit y Testa, los tres muy prestigiosos, habían ganado poco tiempo antes la Bienal de San Pablo y se dedicaban no sólo a la arquitectura sino también a las artes visuales. El Centro se inauguró en diciembre de 1980. Las largas galerías, conservadas como espacios al aire libre, las terrazas jardín, las características generales de la obra y su emplazamiento la convirtieron posteriormente en un símbolo del reflorecimiento de la cultura y la vida cívica en la ciudad en el contexto del retorno democrático[66].

Por último, respecto a los hospitales, la Municipalidad tenía a su cargo la mayoría de los hospitales de la Ciudad. A partir del análisis de la situación edilicia, se consideró que algunos hospitales eran irrecuperables, y que saldría más cara su refacción que la construcción de un nuevo hospital. Así, algunos de los hospitales fueron demolidos (el caso del Hospital Salaberry, en Mataderos) o inhabilitados como hospitales y reutilizados parcialmente con otros fines, como el caso del Hospital Rawson o el Hospital Alvear. Sin embargo, no se construyeron nuevos hospitales por parte de la Municipalidad para reemplazar a los desactivados. El Hospital Nacional de Pediatría se construía por iniciativa de la Secretaría de Estado de Salud Pública Nacional, y su construcción se extendió entre 1974 y 1983. Las remodelaciones y ampliaciones de algunos hospitales fueron por encargo directo a los estudios Antonini, Schon, Zemborain S.R.L. Estudio Kocourek S.R.L.; Raña Veloso, Álvarez Forster, arquitectos y Sánchez Elia, Peralta Ramos S.C.A. (SEPRA). Inicialmente se planeó la ampliación y remodelación de varios hospitales: pero sólo se remodelaron el Fernández y el Argerich, el primero entre 1979 y 1981 y el segundo entre 1980 y 1982.

Durante el período también, se comenzó a aplicar un arancel hospitalario, reglamentado a fines de 1976. En términos de Cacciatore “La idea formaba parte de la política general adoptada en el municipio, que establecía que aquello que respondía a un servicio particular debería ser solventado por cada usuario”[67]. El mismo criterio fue aplicado a otros servicios que prestaba el municipio. La idea de aplicar un arancel no sólo tenía fines económicos, sino que pretendía ser tambiéneducativa, en tanto reforzaba la voluntad del esfuerzo personal sin pretender todo del estado. A su vez, se presentaron reclamos al Poder Ejecutivo Nacional y al Gobierno Provincial por la “carga” de pacientes de provincia que eran atendidos en hospitales municipales. En algunos casos, como en el Hospital de Geriatría “Gral. Martín Rodríguez” se exigía a los pacientes tener domicilio constituido en capital con una antigüedad mínima de seis meses para lograr ser admitidos en el Hospital.

Reestructuraciones presupuestarias ciudad – nación

Así como en 1978 se transfirieron las escuelas de la Nación a la Ciudad, lo mismo sucedió en 1979 con los subtes. El proceso descentralizador se repitió en otros servicios, organismos y funciones, como parte del principio de subsidiaridad del estado: el estado nacional le derivaba a las provincias y la municipalidad aquello que éstas podían administrar mejor y en la medida de lo posible, privatizar. Así, se transfirieron a partir del 1° de enero de 1980 los sectores de electricidad, gas natural, riego, obras sanitarias, el sistema ferroviario metropolitano de pasajeros y cargas.

Si bien la Nación le otorgó avales a la Ciudad para las autopistas y otras obras de importancia, se buscó también a partir de 1979 y particularmente de 1980, restringir los gastos. Así es que el plan de autopistas quedó trunco por problemas presupuestarios, se comenzaron a transferir servicios que antes prestaba Nación a las reparticiones provinciales y municipal como los mencionados y la atención social de la minoridad, centros asistenciales, etc. con su personal y gastos.