Ciudad en dictadura - Parte 6

La problemática ambiental

Una de las cuestiones innovadoras del Código de 1977 fue la incorporación de una sección específica 

sobre cuestiones ambientales. El tema ambiental comenzaba a cobrar relevancia a nivel internacional, y también a nivel local en ámbitos diversos. Los planteos novedosos del Código de 1977 se ligaban a la prohibición de la disposición final de residuos a través de la incineración o los basurales a cielo abierto y la obligación de instalar compactadoras domiciliarias en los edificios. Estas normas se vinculaban con la conformación en paralelo del CEAMSE, que instrumentaba la disposición final de residuos por medio de rellenos sanitarios en la Provincia de Buenos Aires. También, por medio del Código se prohibieron muchas actividades industriales consideradas contaminantes y se restringieron otras tantas a zonas muy específicas, regulando el tamaño de las plantas, prohibiendo la ampliación de las mismas y restringiendo severamente la posibilidad de instalación de nuevas industrias. Se reguló la emisión de efluentes líquidos y gaseosos, de residuos sólidos y ruidos molestos, de comercios, residencias, industrias y automóviles.

La convivencia de las fuertes reglamentaciones ambientales con la construcción de autopistas y el incentivo general al transporte individual daba cuenta de las lógicas diversas, y en ocasiones contradictorias, que operaban en la Municipalidad.

Una de las cuestiones ambientales que más preocupó a la comuna fue la de remediar el déficit de verde. Así, se construyeron una enorme cantidad de parques y plazas en la Ciudad de Buenos Aires[49]. Muchos de estos espacios verdes, particularmente las plazas, se caracterizaban por tener grandes superficies de cemento, fuentes ornamentales, anfiteatros, desniveles y pérgolas de cemento, conformando un patrón estético muy distinto al de las plazas tradicionales de la ciudad.

Si bien muchas veces se asoció el diseño y materiales característicos de estas plazas con la voluntad disciplinadora de la dictadura, o con una postura contraria a lo verde por parte del régimen militar, lo cierto es que la estética uniforme de estas plazas se vincula con ciertas premisas manifestadas por la Municipalidad y porque muchas de estas fueron diseñadas por el mismo estudio de arquitectura, Serra : Valera, que se caracterizó por experimentar estos diseños innovadores en los espacios verdes porteños. La Municipalidad solicitó la realización de plazas con zonas diferenciables: zonas sombreadas para la recreación o el descanso, sendas peatonales con diseño flexible, zonas con juegos para chicos, zonas con entretenimientos para mayores, separación de zonas a través de muretes y el uso de materiales resistentes[50]. Siguiendo estos parámetros, los materiales elegidos pretendían ser aquellos materiales tradicionales de la ciudad (ladrillos, baldosones de cemento y hormigón para las pérgolas) y se caracterizaban por ser de fácil mantenimiento y reposición, una cuestión también solicitada específicamente por la Municipalidad. La construcción de las plazas se realizó en tiempos brevísimos, el período desde las ideas preliminares hasta los pliegos de licitación abarcó entre sesenta y setenta días solamente y los tiempos de construcción también se caracterizaron por ser muy breves. Las plazas no sólo fueron criticadas por su diseño y los materiales utilizados, siendo consideradas, sino también por el modo en que fueron adjudicadas sin concurso previo y por contratación directa[51].

Algunas de estas obras supusieron escándalos para la comuna. El caso más conocido fue el del Parque de la Ciudad, concesionado al consorcio Interama, cuya construcción fue concesionada otorgándose avales del Gobierno Nacional para garantizar los endeudamientos que contrajera la empresa. La Municipalidad garantizó a la empresa una concurrencia mínima por año al parque, además de avales por el 80% del valor de la obra, anticipos de fondos y créditos entre otros beneficios. Según una Auditoría realizada por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, la concesionaria desviaba los fondos al exterior, poniéndolos en depósitos a plazo fijo obteniendo así intereses[52]. Además de la concesión escandalosa, se compraron juegos e instalaciones varias con enormes sobreprecios.

La participación de actores privados en la construcción de obras a través del sistema de concesión y la posterior explotación, se encontraba en sintonía con los predicamentos de la política económica del régimen dictatorial, alentando privatizaciones y el rol subsidiario del estado en aquellos casos en que fuera posible.

Las características en la construcción de los espacios verdes, como veremos, se repiten en varias obras del período: la adjudicación directa de las obras a unos pocos estudios que solían repetirse, sin realizar concursos de proyectos, la exigencia de tiempos muy breves para la proyección y ejecución, lo cual solía implicar errores, o la subsunción del diseño y los materiales a los apurados tiempos de la comuna, la reorientación del perfil de la ciudad, construyendo espacios verdes en ámbitos donde previamente se instalaban grandes equipamientos, ahora considerados obsoletos, inadecuados o contaminantes y población o actividades económicasindeseables, la falta de control en los gastos e inversiones de la comuna, lo cual en algunos casos supuso grandes negociados y desvío de fondos, además de fuertes endeudamientos para la Municipalidad.

Otra cuestión ligada a la regulación ambiental fue la creación del Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad de Estado (CEAMSE), que buscaba responder a tres problemas: la disposición final de residuos, el aprovechamiento de grandes extensiones de tierras inundables y el déficit de espacio verde. Si bien se trató de un organismo conformado por la Municipalidad y a la Provincia, la iniciativa fue de la Secretaría de Obras Públicas. Para agosto de 1977 se conforma el CEAMSE bajo la forma de Sociedad de Estado, con atribuciones similares a las de una empresa privada. La idea era realizar con la basura compactada rellenos sanitarios en las zonas inundables, que permitieran después de un tiempo forestar esas áreas. Para la ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de exportar la basura a la Provincia era ideal, y tenía congruencia con otras medidas que implicaban expulsar aquellos elementos que resultaran indeseables: población de bajos recursos, basura, industrias contaminantes entre otras cuestiones. 

Previamente, la gestión de Cacciatore ya había desactivado las usinas para incinerar residuos (había usinas municipales en Flores, Nueva Pompeya y Colegiales), había prohibido arrojar residuos en basurales para así cerrar el basural de la zona de Parque Almirante Brown y otros basurales a cielo abierto y había exigido la supresión de incineradores en edificios. Se pretendía reemplazar los incineradores en edificios por compactadoras pero estas trajeron problemas por producir abundantes líquidos contaminantes en el proceso de compactación. Se construyeron tres estaciones de transferencia en donde antes estaban las usinas municipales.

El CEAMSE fue ampliamente publicitado como una mejora ambiental cualitativa para la ciudad y el Área Metropolitana en su conjunto. En términos de gestión, operó contratando empresas privadas que se encargaban de llevar adelante las tareas, de modo que se trató de un caso de privatización periférica[53]. Junto con las autopistas y la construcción de ciertos equipamientos, la creación del CEAMSE probablemente sea una de las gestiones con mayor impacto del período, no sólo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en la Provincia. En la ciudad, permitió la liberación de diversos terrenos antes utilizados para el tratamiento, traslado y disposición final de residuos: los basurales a cielo abierto, los terrenos donde estaban las usinas incineradoras, las áreas donde paraban los camiones de basura de la Municipalidad, etc. También, supuso la prohibición de actividades contaminantes como incinerar de residuos en usinas municipales y en edificios privados y arrojar basura en basureros a cielo abierto. Como en otras dimensiones de la gestión municipal, el problema se trasladó a provincia.

Las primeras normas patrimoniales

Otro tema que en la década de 1970 comenzaba a cobrar fuerza a nivel internacional y también a nivel local a partir de distintas iniciativas era el tema de la protección patrimonial. A nivel nacional, la Secretaría de Cultura y Educación declaraba a ciertos sitios como Monumento Histórico y a nivel Municipal y a nivel municipal, el Código de Planeamiento de 1977 determinaba a ciertos lugares muy restringidos como “Arquitecturas Especiales” (AE), zonas puntuales de carácter histórico, tradicional o ambiental que debían ser preservadas. La AE11 era la única que protegía a una zona más amplia, conformada por 6 manzanas, en el barrio de San Telmo. Sin embargo, en 1979, se sanciona la ordenanza 34.956/79 que delimitó la U24, una nueva urbanización protegida que abarcaba un área de 140 manzanas delimitada por: Tacuarí desde Hipólito Yrigoyen hasta Av. Martín García, Paseo Colón, Rivadavia, Paraná, Luis Saenz Peña, Hipólito Yrigoyen, Bolivar. Tal como señala Magadan[54], la afinidad entre la idea de protección patrimonial y ciertos ideales de la dictadura se vinculaban con la voluntad de preservar los valores histórico nacionales, en este caso, a través de la preservación edilicia. La U24 reglamentaba la preservación del área, restringía el tipo de nuevas construcciones que podrían realizarse y prohibía las modificaciones en la estructura catastral[55]. La ordenanza suspende también los ensanches de avenidas que estaban dispuestos para el área de la U24, exceptuando los de Garay, Independencia y San Juan. El contraste de las 140 manzanas de la U24 con la preservación de 6 manzanas en el Código de 1977 era evidente. Además, la misma área bajo protección era la que había sufrido la construcción de autopistas y ciertos ensanches de avenidas.