Ciudad en dictadura - Parte 5

Además de las dos autopistas que se llegaron a construir, se expropiaron cientos de inmuebles para construir la Autopista 3 o Autopista Central, que continuaba el acceso norte hasta el centro de la ciudad. Muchos de esos inmuebles fueron ocupados posteriormente.

Las obras de para la construcción de autopistas se paralizaron por problemas financieros (la negativa de Nación de seguir brindando avales y la crisis económica que comienza a sentirse fuertemente en 1980) y por la agudización de conflictos intraestatales, presentes desde un principio en el plan de autopistas[41].

Las autopistas se constituyeron en símbolo de la gestión de Cacciatore para la ciudad de Buenos Aires y, por extensión, en símbolo del impacto de la dictadura en la ciudad por varios motivos: el modo subrepticio e individualizante de llevar adelante las primeras expropiaciones sin posibilidad de resistencia colectiva a las mismas, el desprecio por las críticas y miramientos de los actores más directamente involucrados en la problemática, la drasticidad de las medidas, la falta de soluciones para la población afectada y el paralelo entre la desaparición física del patrimonio y la destrucción de barrios enteros con las desapariciones masivas de personas ejecutadas por la dictadura[42].

La herencia económica que dejaron también se vincula íntimamente con una de las marcas indelebles de la dictadura, el aumento sideral de la deuda externa. Así, Autopistas Urbanas S.A. llegó a consolidarse como el tercer grupo económico con mayor endeudamiento externo (951,2 millones de dólares)[43]. Esta deuda, desde ya, debió ser absorbida por el Tesoro Nacional una vez que se habían caído los avales dados a la empresa. Este mecanismo formó parte de las maniobras irregulares que se investigaran en la conformación de la deuda externa argentina.

Además de las autopistas, otras obras de la comuna se destinaron a beneficiar la circulación del transporte automotor, como el ensanche de avenidas. Si bien varios de los ensanches estaban previstos hace muchísimos años, no se concretaban por las dificultades que suponían, en tanto exigían la realización de expropiaciones y demoliciones a los que los vecinos se oponían. Desde ya que esto no resultó un inconveniente para el gobierno de facto y se ensancharon las Av. San Juan, Independencia, Jujuy y 9 de Julio entre otras.

Además, se construyeron varios estacionamientos subterráneos en el período. A mediados de 1977, y siguiendo el principio de subsidiaridad del estado, se llamó a licitación nacional e internacional para el proyecto, construcción y explotación de playas subterráneas de estacionamiento que quedarían a cargo de empresas privadas para cubrir los gastos de construcción, si bien los terrenos y locaciones subterráneas iban a ser aportados por la Municipalidad. También, vinculado al tema de los estacionamientos, se estableció el sistema de Tarjeta Azul, que implicaba la compra de una tarjeta que autorizaba el estacionamiento temporario en algunas calles y avenidas en las cuales estaba restringido el estacionamiento. La idea de gravar ciertos usos que anteriormente eran gratuitos se repite en varios ámbitos y era reivindicada como la única solución a muchos de los inconvenientes de la ciudad.

La expulsión de los sectores populares: Liberación de alquileres y erradicación de villas de emergencia

La preocupación por el orden en un sentido amplio, y por la calidad de habitantes de la ciudad se manifestó rápidamente en la gestión, tanto a nivel municipal como a nivel del Gobierno Nacional. Así, durante los primeros meses de la gestión municipal, en Julio de 1976, se creó el Servicio de Rescate de Indigentes en la Vía Pública cuyo objetivo era recoger a personas en estado de abandono que se encuentren en la vía pública. No se aclara el destino de las personas, sólo que se procurará su readaptación y ubicación futura.

A nivel nacional, la Ley de Normalización de Locaciones Urbanas se sancionó el 30 de Junio de 1976 y supuso la liberalización de los alquileres que hasta ese entonces venían siendo regulados por el estado -con modificaciones- desde 1943. La ley guardaba absoluta lógica con los principios proclamados por el Ministerio de Economía: liberación de mercados protegidos, retracción del estado como regulador. Para 1976 había en la ciudad de Buenos Aires 186.500 grupos familiares de locatarios con contratos amparados[44]. Dada la atomización de los inquilinos, la velocidad con que se sancionó la ley y la manifiesta voluntad de cumplirla en tiempo y forma por parte del gobierno, no hubo capacidad de resistencia. A partir de la liberación, el aumento del precio de los alquileres fue muy pronunciado, y desde ya, no fue acompañado por un correlativo aumento en los ingresos de los inquilinos, sino, por el contrario, por la contracción de sus ingresos. Siguiendo el análisis de Oszlak[45], para 1980 los datos del censo daban cuenta de ciertos efectos de esta medida, conjugada con los efectos de otros procesos urbanos: el 16% de las viviendas de la Ciudad de Buenos Aires se encontraban desocupadas. Si bien según el discurso oficial la liberación de los alquileres iba a incentivar la construcción de viviendas con fines de alquiler, equilibrando el desajuste entre oferta y demanda, la construcción en la capital no aumentó, sino que por el contrario, se retrajo respecto a los años previos, por diversos motivos que mencionamos previamente.

A nivel de la política municipal, el 19 de Julio de 1977 se promulgó la Ordenanza 33.652 para la ejecución de un Plan de erradicación de villas[46]. El plan, llevado adelante por la Comisión Municipal de la Vivienda a cargo de Del Cioppo, quien posteriormente se convirtiera en Intendente de la ciudad una vez finalizado el período de Cacciatore, preveía etapas de congelamiento, desaliento y erradicación. Se comenzó por aquellas villas de la zona norte de la ciudad, como la villa de Belgrano (cercana al estadio de River Plate, donde se disputaría el Mundial de 1978), la villa de Colegiales y la villa de Retiro. La metodología repitió en ciertos aspectos aquella utilizada para las expropiaciones para las autopistas, al negociar individualmente cada caso, sin posibilidad de acción colectiva. Además, en el caso de las villas se sumaron todo tipo de métodos violentos para presionar a sus habitantes. Para 1980 se habían expulsado de las villas de capital unas 180.000 personas que en su gran mayoría fueron a parar a la Provincia de Buenos Aires, para sumarse a las villas y asentamientos del área metropolitana[47]. 

Algunas de las villas de la ciudad desaparecieron, como la Belgrano y la de Colegiales, otras quedaron con un ínfimo núcleo de habitantes que lograron resistir, por medio de amparos judiciales u otros mecanismos. Los argumentos que respaldaban las erradicaciones se ligaban a la concepción de la villa como espacio degradado, en el que vivían los peores segmentos de la sociedad. En este sentido, la villa resultaba degradante en términos morales, estéticos, legales y ambientales para la imagen que el gobierno dictatorial sostenía sobre la ciudad. Así como en el caso de la basura, la solución se ligó a trasladar el problema a la Provincia de Buenos Aires. En muchas ocasiones esto supuso problemas con intendentes de los municipios provinciales que no querían recibir a la población expulsada.

Así como en otros casos, la resistencia de la población afectada tuvo dificultad en conformarse, por los mecanismos individualizantes con los que se abordó la cuestión.

Respecto a la vivienda social, se finalizan ciertos conjuntos que venían de operatorias previas a nivel nacional, como el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia y el Plan Alborada. Se finalizan en 1978 el conjunto Albarellos (de 193 viviendas), en 1979 el conjunto Soldati (de 3200 viviendas) y en 1981 el conjunto Piedrabuena, (de 2100 viviendas). Las operatorias municipales, financiadas por el Instituto Municipal de Previsión Social se caracterizaron por conjuntos más pequeños; el Pampa II, de 72 viviendas, finalizado en 1980 y el San Pedrito, de 480 viviendas, finalizado en 1983[48].

El interés de la gestión municipal no estaba en el tema de vivienda social. El ente encargado del tema a nivel municipal, la Comisión Municipal de la Vivienda tenía como prioridad la erradicación de villas y no la generación de soluciones habitacionales.