En 1895, sin mayores discordancias, se sometió a laudo arbitral del Presidente norteamericano Grover Cleveland la demarcación de límites con Brasil en la región misionera.
En tanto no quedaban cuestiones significativas pendientes en el norte del territorio nacional, las pretensiones chilenas sobre los territorios patagónicos y australes pusieron reiteradamente a la región en riesgo concreto de un enfrentamiento armado a lo largo del período. (Lettieri, 2013). A fin de tratar de resolver pacíficamente la cuestión, entre 1873 y 1879 el Perito Francisco Moreno y su colega chileno, Diego Barros Arana, realizaron una serie de expediciones a la Patagonia, Tierra del Fuego y el Estrecho de Magallanes, que se tradujeron en la firma del Tratado de Límites entre ambas naciones, en 1881. Sin embargo, por problemas en la demarcación territorial, se realizó en 1896 un laudo arbitral de Gran Bretaña.
Como gesto de apaciguamiento del clima bélico imperante en ambas naciones, el 15 de febrero de 1899 los presidentes Julio A. Roca y Federico Errázuriz Echaurren se reunieron en el Estrecho de Magallanes, concretando el célebre “Abrazo del Estrecho”. El laudo británico fue recogido por un nuevo Tratado, en 1902, ampliamente criticado en nuestro país por las concesiones que realizaba a Chile. Adicionalmente, el tratado sometía a perpetuidad los eventuales diferendos que surgieran entre los dos países a la Corona Británica, ratificando así la naturaleza semi-colonial que había adquirido la relación entre nuestro país y Gran Bretaña.
Conclusión
En la segunda mitad del Siglo XIX la Argentina experimentó un profundo proceso de cambios, liderado por un liberalismo oligárquico que plasmó en la realidad su proyecto de restablecimiento de una relación semicolonial con un poder imperial, en este caso el de Gran Bretaña. En efecto, la inclusión como economía primaria agroexportadora, en el marco de la División Internacional del Trabajo capitalista, garantizó la consolidación de una oligarquía nativa, respaldada por el poder imperial, a costa de ceder la parte del león en la apropiación de las riquezas y el trabajo de la sociedad argentina.
Esa oligarquía nativa cedió la iniciativa al imperio británico, así como el control de la infraestructura y de los medios de transporte y comunicaciones –puertos, ferrocarriles, telégrafos, etc.–, e incluso fabulosas extensiones de tierra fuera de la Pampa húmeda, reservándose a cambio el control efectivo de la propiedad terrateniente al interior de ese espacio, integrado por excelencia al mercado internacional. También se apropió del Estado y del gobierno, a través del fraude electoral y del ejercicio –o amenaza de ejercicio– de la violencia sobre las clases subalternas, concentró la riqueza y se reservó durante mucho tiempo el monopolio de los espacios universitarios.
A fin de garantizar el control y el disciplinamiento social, recurrió al genocidio de la población mestiza, originaria y de afrodescendientes, apelando a la consigna “civilización y barbarie” como argumento que justificaba su genocidio. Las expediciones contra los caudillos federales y su base social, durante las presidencias de Mitre y de Sarmiento, las políticas de exterminio impulsadas por Roca, bajo el eufemismo de “Conquista del Desierto”, o bien la matanza de gauchos y afrodescendientes en el marco de la nefasta Guerra de la Triple Alianza, fueron las herramientas de una elite que se consideraba predestinada a transformar la sociedad preexistente, moldeando los contornos de la dependencia nacional, la exclusión social y la limpieza étnica.
El genocidio de las clases subalternas nativas fue acompañado por un recambio demográfico provisto por la llegada masiva de inmigrantes, en su mayoría proletarios analfabetos de las regiones más pobres de Europa. Estos inmigrantes trajeron consigo un conjunto de reivindicaciones y una inédita capacidad de organización frente a las políticas de explotación sistemática impulsadas por esa oligarquía, que motivaron dos reacciones coordinadas desde los espacios políticos controlados por la clase dominante: la tradicional represión directa, a la que se sumaron leyes represivas, como por ejemplo la Ley de Residencia, que autorizaba a expulsar del país a los inmigrantes que desempeñaran actividades políticas o sindicales, y la imposición de un sistema educativo obligatorio, de matriz autoritaria, caracterizado por la imposición del pensamiento único y la invención de un pasado nacional, construcción sumamente exitosa que permitía naturalizar dentro del sentido común de la sociedad los privilegios de la clase dominante y las lacerantes desigualdades sociales existentes.
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