La Educación
La cuestión educativa enfrentó a liberales y católicos en la segunda mitad del Siglo XIX, produciendo cambios de significación que marcaron a fuego la educación argentina hasta nuestros días.
En 1881 fue convocado el Congreso Pedagógico, que tuvo por objetivo la evaluación de la situación educativa y la proposición de alternativas para mejorar su calidad y establecer la participación estatal en un área considerada estratégica. Como resultado de los debates, realizados en 1882, se llegó a establecer la necesidad de impulsar la educación gratuita y obligatoria, respetuosa de las particularidades regionales. También se propusieron reformas metodológicas y cambios significativos en los contenidos y en la filosofía del sistema educativo, sobre todo en lo referido a la cuestión religiosa, donde primó la posición que sostenía la alternativa educativa laica, en abierta oposición al proyecto presentado por el Ministro de Justicia, Culto, e Instrucción Pública, Manuel Pizarro, de formación cristiana a ultranza, que reivindicaba la matriz religiosa. (Puiggrós, 2003) (Filmus, 1999) (Tedesco, 1982).
El debate que instaló el Congreso Pedagógico entre educación laica y religiosa tensaron la relación con la Iglesia, y aunque el Presidente Julio A. Roca recomendó a sus ministros evitar el enfrentamiento, esto no fue posible. El cruce entre el Ministro del Interior, Miguel Juárez Celman, y el nuncio Mattera, terminó con la renuncia del Ministro Pizarro, quien fue reemplazado por el agnóstico Eduardo Wilde. Las aguas no se calmaron y, al año siguiente, el nuevo vicario capitular de Córdoba, Monseñor Clara, se enfrentó frontalmente con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, la Sra. Armstrong, de confesión protestante, y prohibió que los fieles católicos inscribiesen a sus hijas en la Escuela Normal, bajo la autoridad de Armstrong. Inmediatamente, el Estado Nacional tomó cartas en el asunto, y separó a Clara de de su cargo, sometiéndolo a juicio. Las maestras que intentaron suavizar el conflicto, mediando entre las partes, fueron sancionadas, y el diario La Nación acometió contra la decisión estatal. Rápidamente El Nacional, fundado por Roque Sáenz Peña y Carlos Pellegrini, recogió el guante, a través de Domingo F. Sarmiento, iniciando una afiebrada polémica. José Manuel Estrada, católico militante, fue expulsado de su cátedra de Derecho Constitucional, mientras el conflicto no cesaba de incrementarse. Finalmente, las relaciones entre el Estado Nacional y la Iglesia se rompieron, y el nuncio Mattera fue expulsado.
La Ley 1420 de Educación Común
El Congreso Nacional tomó las conclusiones del Congreso Pedagógico de 1882, y el 8 de julio de 1884 sancionó la Ley 1420, que promovió un enorme progreso en materia educativa. Gracias a su aplicación, el analfabetismo pasó del 77% en 1869, al 36% en 1914. Sólo durante la primera década, el analfabetismo disminuyó en un 13,5%, ubicándose en el 53,5%.
La Ley adoptó una matriz optativa en materia religiosa, siendo los padres los encargados de decidir al respecto. La enseñanza religiosa tendría un carácter extracurricular, y se implementaría fuera del horario escolar. También los padres adquirían un rol de contralores, mediante su participación en los distritos escolares.
La Ley sólo tendría vigencia en la Capital Federal, los territorios nacionales, las colonias y las escuelas normales, competencias del Estado Nacional, en tanto las provincias deberían dictar sus propias normas. Sin embargo, el Estado Nacional se reservó su capacidad de intervenir en los contenidos provinciales, mediante su capacidad de inspeccionar la enseñanza, y distribuir premios y sanciones por medio de subsidios y fomentos.
Esta capacidad de definir los contenidos educativos a nivel nacional convirtió a la educación en un fabuloso dispositivo de adoctrinamiento y manipulación de contenidos, representaciones sociales y tradiciones territoriales y étnicas. El artículo 6, por ejemplo, fijaba los contenidos mínimos a transmitir a los alumnos, que incluían una distorsión del pasado nacional y una naturalización de la condición colonial de nuestro país, en relación con la civilización europea, acorde con la propensión colonialista de la dirigencia del liberalismo oligárquico. La ley introducía el pensamiento único, disfrazándolo bajo la apariencia de neutralidad y objetividad del saber científico y no descuidaba contenidos y prácticas de sociabilidad definidas por esa dirigencia, en abierta contradicción con las que portaban los inmigrantes y los pobladores preexistentes en nuestro territorio. En el caso de las niñas, se incluían materias como economía hogareña y manualidades, acordes con el rol social preasignado. En el caso de los varones, nociones básicas de la actividad agrícola-ganadera y ejercicios militares simples.
El sistema educativo se dividía en secciones infantil, elemental y superior. Se establecía la enseñanza mixta entre los 6 y los 10 años, y se creaban establecimientos para adultos en cárceles, fábricas, cuarteles, y escuelas rurales.
La gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria apuntaba al adoctrinamiento de toda la estructura social, y disponía la responsabilidad social de los padres o tutores, quienes podían ser multados ante las inasistencias reiteradas de los educandos.
La Ley disponía, asimismo, la profesionalización de la actividad, requiriendo la obtención de título habilitante para el ejercicio de la docencia. Como no se contaba aún con la cantidad necesaria de diplomados, el Consejo Nacional de Educación otorgaba certificados de idoneidad a postulantes que superaran los exámenes a los que debían someterse.
Las Relaciones Exteriores
Durante la segunda mitad del Siglo XIX, la política exterior argentina se subordinó regularmente a los intereses y estrategias de Gran Bretaña, con la que se estableció una relación semicolonial. [3] Por entonces, la potencia europea era el principal mercado para las exportaciones argentinas, así como la principal fuente de inversiones y de aprovisionamiento de bienes y servicios para nuestro país. En este período se establecieron relaciones diplomáticas con la mayor parte del mundo. (Escudé, 1994).
En 1865, el Estado Nacional, encabezado por Bartolomé Mitre, ofició como instrumento de la política británica en el cono sur, exigiendo sanciones ejemplificadoras para la nación hermana del Paraguay, que se había atrevido a rechazar las presiones inglesas para establecer el librecambio. De este modo, un conflicto iniciado en la República del Uruguay entre facciones rivales, apoyadas por Brasil y Paraguay, dio origen a una terrible confrontación que provocó el exterminio del pueblo paraguayo, que se tradujo en la disminución de su población masculina adulta a menos del 5%, y la pérdida de 2/3 de su territorio, en beneficio principalmente de Brasil. El Estado Nacional Argentino se aseguró el Chaco Central, en el marco de una mediación realizada por el presidente de los EEUU, Rutherford Hayes, en 1878. La llamada Guerra de la Triple Alianza significó la presentación en la arena internacional del nuevo Estado Nacional Oligárquico de la Argentina, caracterizada por la masacre, el endeudamiento y la corrupción. (Rosa, 2009) (Pómer, 1968).
En 1895, sin mayores discordancias, se sometió a laudo arbitral del Presidente norteamericano Grover Cleveland la demarcación de límites con Brasil en la región misionera.
En tanto no quedaban cuestiones significativas pendientes en el norte del territorio nacional, las pretensiones chilenas sobre los territorios patagónicos y australes pusieron reiteradamente a la región en riesgo concreto de un enfrentamiento armado a lo largo del período. (Lettieri, 2013). A fin de tratar de resolver pacíficamente la cuestión, entre 1873 y 1879 el Perito Francisco Moreno y su colega chileno, Diego Barros Arana, realizaron una serie de expediciones a la Patagonia, Tierra del Fuego y el Estrecho de Magallanes, que se tradujeron en la firma del Tratado de Límites entre ambas naciones, en 1881. Sin embargo, por problemas en la demarcación territorial, se realizó en 1896 un laudo arbitral de Gran Bretaña. Como gesto de apaciguamiento del clima bélico imperante en ambas naciones, el 15 de febrero de 1899 los presidentes Julio A. Roca y Federico Errázuriz Echaurren se reunieron en el Estrecho de Magallanes, concretando el célebre “Abrazo del Estrecho”. El laudo británico fue recogido por un nuevo Tratado, en 1902, ampliamente criticado en nuestro país por las concesiones que realizaba a Chile. Adicionalmente, el tratado sometía a perpetuidad los eventuales diferendos que surgieran entre los dos países a la Corona Británica, ratificando así la naturaleza semi-colonial que había adquirido la relación entre nuestro país y Gran Bretaña.
Conclusión
En la segunda mitad del Siglo XIX la Argentina experimentó un profundo proceso de cambios, liderado por un liberalismo oligárquico que plasmó en la realidad su proyecto de restablecimiento de una relación semicolonial con un poder imperial, en este caso el de Gran Bretaña. En efecto, la inclusión como economía primaria agroexportadora, en el marco de la División Internacional del Trabajo capitalista, garantizó la consolidación de una oligarquía nativa, respaldada por el poder imperial, a costa de ceder la parte del león en la apropiación de las riquezas y el trabajo de la sociedad argentina.
Esa oligarquía nativa cedió la iniciativa al imperio británico, así como el control de la infraestructura y de los medios de transporte y comunicaciones –puertos, ferrocarriles, telégrafos, etc.–, e incluso fabulosas extensiones de tierra fuera de la Pampa húmeda, reservándose a cambio el control efectivo de la propiedad terrateniente al interior de ese espacio, integrado por excelencia al mercado internacional. También se apropió del Estado y del gobierno, a través del fraude electoral y del ejercicio –o amenaza de ejercicio– de la violencia sobre las clases subalternas, concentró la riqueza y se reservó durante mucho tiempo el monopolio de los espacios universitarios.
A fin de garantizar el control y el disciplinamiento social, recurrió al genocidio de la población mestiza, originaria y de afrodescendientes, apelando a la consigna “civilización y barbarie” como argumento que justificaba su genocidio. Las expediciones contra los caudillos federales y su base social, durante las presidencias de Mitre y de Sarmiento, las políticas de exterminio impulsadas por Roca, bajo el eufemismo de “Conquista del Desierto”, o bien la matanza de gauchos y afrodescendientes en el marco de la nefasta Guerra de la Triple Alianza, fueron las herramientas de una elite que se consideraba predestinada a transformar la sociedad preexistente, moldeando los contornos de la dependencia nacional, la exclusión social y la limpieza étnica.
El genocidio de las clases subalternas nativas fue acompañado por un recambio demográfico provisto por la llegada masiva de inmigrantes, en su mayoría proletarios analfabetos de las regiones más pobres de Europa. Estos inmigrantes trajeron consigo un conjunto de reivindicaciones y una inédita capacidad de organización frente a las políticas de explotación sistemática impulsadas por esa oligarquía, que motivaron dos reacciones coordinadas desde los espacios políticos controlados por la clase dominante: la tradicional represión directa, a la que se sumaron leyes represivas, como por ejemplo la Ley de Residencia, que autorizaba a expulsar del país a los inmigrantes que desempeñaran actividades políticas o sindicales, y la imposición de un sistema educativo obligatorio, de matriz autoritaria, caracterizado por la imposición del pensamiento único y la invención de un pasado nacional, construcción sumamente exitosa que permitía naturalizar dentro del sentido común de la sociedad los privilegios de la clase dominante y las lacerantes desigualdades sociales existentes.
Las tensiones al interior de la oligarquía agroexportadora no estuvieron ausentes. En 1874 y 1880, dos revoluciones impulsadas por fuerzas políticas porteñas –el mitrismo y el tejedorismo–, reemplazaron a los tradicionales levantamientos de caudillos federales, ya desactivados definitivamente. Esas acciones, mal planificadas y desastrosas en sus resultados, permitieron demostrar que el Estado Nacional se había consolidado definitivamente para 1880, con la amputación de la Ciudad de Buenos Aires del territorio de la provincia homónima, convertida por entonces en Capital Federal.
Sin embargo, el éxito del proceso de construcción de una economía dependiente, del genocidio de las clases subalternas y la concentración de la riqueza y del poder político y social en pocas manos, encontró inesperadas resistencias a partir de 1890. Las clases medias, surgidas como consecuencia de la expansión del sector servicios, propios de una economía primario exportadora, reclamaron mayor participación política y transparencia electoral, a través de nuevos agrupamientos, como por ejemplo la Unión Cívica de la Juventud o la Unión Cívica Radical. Las revoluciones de 1890, 1893, 1895 y 1905, aunque fracasaron en su objetivo, echaron luz sobre la inestabilidad y el malestar social existente, situación que se agravaba sobremanera ya que a las exigencias de las clases medias se sumaba una creciente combatividad de los trabajadores inmigrantes, enrolados mayoritariamente en el anarquismo y en las organizaciones FOA y FORA. La respuesta de la oligarquía consistió en combinar políticas crecientemente represivas para los trabajadores, y una reforma política, la Ley Sáenz Peña de 1912, que permitió transparentar el sistema electoral, habilitando, sin quererlo, el acceso de la UCR a la primera magistratura en 1916.
Mientras la vida política estaba expuesta a permanentes sobresaltos, los negocios británicos se multiplicaban a orillas del Plata. Inversiones en bancos, ferrocarriles y frigoríficos, y un incremento sin precedentes del endeudamiento externo, y altas tasas de enajenación de las riquezas nacionales convirtieron a la Argentina en el territorio privilegiado para la colocación del capital británico. Nada parecía turbar el futuro de una alianza entre un imperio en expansión y una oligarquía que autocelebraba su buena fortuna en medio del lujo, el despilfarro y la explotación de los más débiles. Sin embargo, para principios de la década de 1910, los vientos de cambio se intensificaron. La protesta obrera se incrementó, la UCR conquistó posiciones institucionales decisivas, y el viejo Imperio Británico ingresó en un cono de sombras del que ya no conseguiría recuperarse, con el estallido del Primera Guerra Mundial, en 1914. Por entonces, se abría una nueva etapa para nuestra sociedad y para el mundo en su conjunto, que contemplaba el exterminio recíproco de las potencias europeas en el marco de un conflicto bélico sin precedentes.
Bibliografía
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[1] Alberdi justificó reiteradamente el ejercicio del fraude y la violación de la voluntad popular, expresando un descreimiento absoluto tanto de la sabiduría de las mayorías, como de la razonabilidad de las clases dirigentes latinoamericanas: "Es utopía, sueño y paralogismo puro –sostenía– el pensar que nuestra raza hispanoamericana, tal como salió formada de su tenebroso pasado colonial, pueda realizar hoy la república representativa". (Alberdi, 1852).
[2] “El concepto tradicional de División Internacional del Trabajo se refiere a la especialización de los diferentes países en la producción de determinados bienes y servicios. En este proceso un grupo pequeño de naciones que iniciaron tempranamente la transformación estructural de sus economías, gracias al avance sin precedentes de las fuerzas productivas, tomaron la delantera en su especialización como productores de bienes manufacturados, al tiempo que la mayor parte del mundo debió conformarse con su papel de abastecedores de bienes primarios de origen agropecuario y minero. Este esquema de división del trabajo se acentuó especialmente después de conformado el sistema mundial de la economía hacia finales del siglo XIX […]”. (Romero, 2002).
[3] El concepto de sociedades semicoloniales fue propuesto por Lenin en 1916, en su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, siendo aplicado posteriormente por la mayoría de los autores de raigambre socialista o que adscriben a diversas versiones de la denominada “teoría de la dependencia”
Por: Dr. Alberto Lettieri
30 de Marzo de 2015
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