MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA Victorino de la Plaza
AL ABRIR LAS SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL
EN MAYO DE 1914
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la
República Argentina
SEÑORES SENADORES:
SEÑORES DIPUTADOS:
Debido a la enfermedad del Excelentísimo Señor Presidente de
la Nación, que le impide aún hacerse cargo del Gobierno, cábeme el alto honor
de venir a daros cuenta de los asuntos del Estado, e inaugurar el quincuagésimo
tercer período de vuestras sesiones ordinarias.
Ajeno sería a mi misión trazar planes de gobierno, porque
como actúo en sustitución del Señor Presidente, considero que debo ajustar mi
conducta, en cuanto sea posible, al programa por él formulado.
Compláceme, desde luego, manifestaros que la situación del
país es completamente despejada en todo lo que se relaciona con nuestra
política interior y exterior; y que, por fortuna, ninguna sombra de
intranquilidad o desconcierto obscurece punto alguno de nuestro dilatado
territorio.
La gravitación que ejerce la conducta circunspecta del poder
nacional, sobre la marcha política y administrativa de las provincias, se deja
sentir de la manera más satisfactoria; y la forma moderada con que van
respectivamente respondiendo a esa influencia, demuestra a la vez, que las
instituciones asumen su imperio sobre las costumbres y que predominan en éstas
la cultura y la razón públicas.
Así, ha podido el país entero contemplar
con entusiasmo, el orden, solicitud y patriotismo con que han concurrido los
ciudadanos a cumplir sus deberes cívicos, bajo el régimen de la ley electoral,
y cómo ha salido triunfante el principio democrático que les impone velar por
los intereses de la comunidad.
Pero, si bien esa manifestación de civismo a que acabo de
referirme, ha motivado la más legítima satisfacción en el concepto público, su
propia magnitud y la posible trascendencia de sus efectos, aconseja volver los
ojos hacia el acto electoral, para establecer si han actuado en él, todos
aquellos elementos de opinión en que están divididas las agrupaciones políticas
del país.
Esta observación, es tanto más pertinente, si se tiene en vista que
las condiciones de la ley electoral han pasado por una segunda prueba; pero, si
mecánicamente esa prueba ha sido un éxito de eficiencia, se trata de saber si
los múltiples resortes de la ley, actúan con igual eficacia y responden a los
primordiales propósitos que se tuvieron al dictarla.
La indiferencia y desaliento públicos habían descendido a un
nivel alarmante. Bajo la preocupación de que los actos electorales no estaban
rodeados de orden, libertad y honestidad, los ciudadanos desentendíanse de sus
deberes, y el resultado de las elecciones quedaba librado casi por completo a
una acción unilateral y a la prevalencia consiguiente de las agrupaciones
cercanas al poder, fallando así por su base, la forma representativa
republicana de gobierno.
Agrégase también, que cuando los adversarios a la situación,
trataban de contrarrestar las barreras que se oponían al acceso a las urnas,
conglomerando grandes y poderosas multitudes para la lucha, crecieron
gradualmente los vicios de corrupción, venalidad y otros fraudes no menos
condenables, que, sin freno ni miramiento alguno, se ponían en pública
exhibición en las contiendas electorales.
Bien, pues: era necesario robustecer el poder de la acción
pública, penar y suprimir la corrupción y levantar el predominio de las buenas
costumbres, para restablecer la libertad del sufragio, base y fundamento de
nuestras instituciones. Tales fueron los propósitos de la ley; y, no hay para
que asegurar que ni se tuvo ni hubiera sido lícito tener en vista la disolución
de los partidos de origen tradicional, y menos aún, conceder preeminencia
alguna en favor de unos sobre otros.
Es un hecho, empero, que preocupa la atención general, la
especie de eclipse que se ha operado en las que fueron grandes agrupaciones
políticas, que, después de extinguido el gobierno de la Confederación y casi
simultáneamente con la reorganización del país, surgieron como traídas por
intereses vitales, no a disputarse el predominio de ideas extremas en el orden
social y económico, sino a colaborar con sus distintos criterios legales en la
ardua tarea de interpretar y aplicar los preceptos de la Constitución
reformada.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario