Castillo percibió la delicada situación institucional, y orientó todo su poder para afirmar su posición privilegiada. El vicepresidente controló en todo momento las mayorías en el Congreso y contó con el apoyo de la gran mayoría de los gobernadores. Y pese a criticar en primer mensaje fuertemente el “régimen tutorial del Poder Ejecutivo” en sus facultades de intervenir distritos (Castillo 1941: 12-13), el presidente normalizó las provincias intervenidas para favorecer el triunfo de fuerzas conservadoras (Santa Fe, diciembre de 1940; Mendoza, enero de 1941) y avanzó sobre los distritos radicales.
A medida que el impacto de la Segunda Guerra Mundial se iba haciendo más intenso en el comercio exterior, Castillo buscó replantear algunos lineamientos básicos de la política económica ampliando las bases sociales de apoyo y proponiendo reformas estructurales. Por ello recurrió a un plan económico con el que satisfacer a los industriales locales y al mismo tiempo mantener la alianza con el sector agroexportador. Para entonces, el sector industrial era un 35 por ciento mayor que en 1930, y representaba el 22,5 por ciento del producto, a la par que la tradicional producción agropecuaria, destacándose el crecimiento en el sector de industrias livianas (Gerchunoff y Llach 2010). El plan Pinedo (“Programa de Reactivación de la Economía Nacional”), visto de esta manera, fue un serio intento de modificar la estrategia de desarrollo económico vigente para orientarlo hacia un fomento industrial exportador, especializado en las materias primas nacionales (Llach 1984). Recientes estudios observaron en este plan enviado por Castillo al Congreso no solo herramientas para innovar en materia financiera y monetaria, sino también intentos del presidente de aumentar apoyos a nivel empresario y patronal y garantizar su “supervivencia política” en una coalición más amplia y estable (Mamone 2014). Estos elementos “modernos” de su política también podrían ser considerados como de “disyunción” ya que, en alguna medida, anticiparon una nueva era donde estos cambios iban a ser fundamentales e incorporados sistemáticamente en una nueva reconfiguración del Estado.
Castillo buscó también reforzar la posición económica con nuevas medidas de intervención cambiaria para promover la exportación de artículos nuevos. El gobierno ayudó a organizar una corporación para la promoción del intercambio, a la que se concedió el virtual monopolio de tales operaciones, y también recurrió a otros recursos administrativos y económicos: organizó un comité de exportación y estimulo industrial y comercial, creó la Flota Mercante del Estado (con la compra de barcos de países beligerantes anclados en puertos argentinos) e hizo sancionar la Ley de Fabricaciones Militares (Llach 1984).
Estas medidas empujaron el gasto público en forma creciente, que en términos reales aumentó un 48 por ciento entre 1941 y 1943 (Gerchunoff y Llach 2010).
En general, como demuestra la Tabla VII, tanto el PBI como la balanza comercial mostraron signos de recuperación, luego de una caída inicial por el inicio de la guerra, parcialmente por las medidas de intervención estatal generadas para paliar la crisis y una posible contracción más severa. Sin embargo, el resultado fiscal fue en picada, en parte por los servicios de deuda y en parte por la caída de la recaudación de rentas generales.
Sin embargo, lo definitorio en el fin de ciclo, no era lo que sucedía en términos económicos sino en el escenario político. El presidente en aras de consolidar y renovar acuerdos político-partidarios ya perimidos reactivó el “control electoral” en algunas provincias. Las elecciones legislativas de marzo de 1942 le garantizaron nuevamente mayoría clara en Diputados, y la estrategia desplegada en algunas provincias mostraron a un Ejecutivo dispuesto a “prescindir” de la vigilancia de los procesos electorales y a extremar la retórica de autonomía provincial para favorecer el statu quo de los aliados a nivel subnacional (ver Mapa IV).
Por otro lado, el presidente también buscó cada vez más aliarse con sectores nacionalistas de la oficialidad con el objeto de desplazar la gravitación personal del general Justo sobre las Fuerzas Armadas. En este sentido, acató el pedido de militares de mantener la rigurosa neutralidad durante el conflicto internacional, de no conceder bases militares a Estados Unidos en ningún caso, de disolver el Concejo Deliberante de la Capital Federal (foco del antifascismo por aquellos años) y de promover una serie de oficiales en puestos clave del gabinete: designó a Manuel Savio como director de Fabricaciones Militares en octubre de 1941; al general Domingo Martínez como jefe de la Policía Federal; y finalmente al general Pedro Ramírez como ministro de Guerra en noviembre de 194221.
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