domingo, 23 de septiembre de 2018

AGUSTÍN JUSTO, ROBERTO ORTIZ Y RAMÓN CASTILLO (1932-1943) - Parte 8


El caso de Lyndon Johnson es emblemático en este aspecto: al intentar “profundizar” el legado demócrata de Roosevelt y Kennedy a través de sus políticas de “Great Society” logró enajenarse del apoyo de la coalición de demócratas sureños que lo vieron como un traidor a los postulados tradicionales del partido, véase Skowronek (2011). Véase discursos (Ortiz 1937: 19, 61, 71, 91, 104, 112, 123, 147, 232). Designó a tres conservadores provincianos, Manuel Alvarado —salteño—, José Padilla —empresario tucumano— y Pedro Groppo —bonaerense, hombre allegado a Barceló—, en Obras Públicas, Agricultura y Hacienda, respectivamente, pero al radical antipersonalista de San Luis, Diógenes Taboada, como ministro del Interior y al general Carlos Márquez como ministro de Guerra —clave en la estrategia de acercamiento de Ortiz con el Ejército—, entre otros puestos técnicos y de perfil profesional: Jorge Eduardo Coll en Instrucción Pública y Justicia, José María Cantilo en Relaciones Exteriores y Culto y León Scasso en Marina.

Las referencias de Ortiz en sus mensajes ante la asamblea legislativa, sin embargo, no tuvieron una definida afiliación ni con la revolución ni con Justo. El presidente aclaró rápidamente su “fe en la democracia”, la necesidad de perfeccionar las “prácticas y organizaciones electorales” e hizo un llamado al “sano nacionalismo” (Ortiz 1938: 5-6). Sus líneas de gestión estarían fundamentalmente orientadas —según la letra del primer mensaje— a la cuestión social (Ortiz 1938: 11) y a la instrucción pública (Ortiz 1938: 16).

La imagen que ofrecía el presidente de su propio gobierno era el de una “obra de organización institucional” orientada hacia la previsión social, la educación y el progreso material (Ortiz 1939: 9). Políticamente, sin embargo, consideraba que el país no se había repuesto de la crisis política que culminó en 1930 y que era necesario mejorar las prácticas partidarias en aras de construir una “democracia organizada” y fuerte (Ortiz 1939: 11), por lo que el mejoramiento institucional se convirtió en un tema esencial en la agenda presidencial e implicaba en alguna medida profundizar el programa de gobierno iniciado por Justo.

Ortiz inició una política prudente pero firme de construcción de capital político propio orientado a mantener los apoyos partidarios de la coalición, pero ganar otros nuevos, como lo demuestran las medidas de aumento presupuestario y nombramientos hacia el Ejército (Potash 1986). Ganarse el apoyo de las Fuerzas Armadas fue fundamental para ampliar las bases de su poder en una coalición que parecía débil y supeditada a la gravitación personal del ex presidente Justo. 

En el escenario legislativo, el presidente gozó de la estabilidad que le garantizaba el apoyo de las fuerzas oficialistas. En ambas cámaras del Congreso de la Nación, la ‘concordancia’ —cuyo mayor aportante de bancas fue el Partido Demócrata Nacional— mantuvo la mayoría, salvo hacia marzo de 1940, cuando en la Cámara de Diputados la bancada radical recuperó escaños, producto de la política de apertura electoral que propició el mismo Ortiz.

Desde el punto de vista económico, las líneas que estableció Ortiz demostraron poca innovación con respecto a los lineamientos generales de intervención económica que se habían inaugurado a comienzos de los años treinta. Particularmente, el interés por reforzar el control de cambios para reducir las importaciones se vio fortalecido, acompañado por un interés de incentivar la demanda de consumo, que era alimentada por créditos blandos del Banco Nación (Gerchunoff y Llach 2010). También el presidente procuró alentar la estabilidad en las barreras arancelarias para promover la sustitución de importaciones y mantener el control de precios en productos básicos (Korol 2001).

Sin embargo, lo definitorio del timing del presidente Ortiz fue su agenda institucional y la política de intervenciones federales a distritos oficialistas en aras de orientar su acción gubernamental a la democratización política. De las catorce provincias, solo tres controlaba el principal partido opositor (UCR) al inicio del gobierno de Ortiz: Córdoba, Entre Ríos y Tucumán. En cinco oportunidades —y en cuatro distritos— el presidente Ortiz envió una intervención federal o realizó algún tipo de acción, en ocasiones donde se denunciaron prácticas fraudulentas en los actos electorales. En este sentido, se hizo visible una estrategia viable para lograr mayor control territorial en espacios díscolos: San Juan (abril de 1938 y mayo de 1939); Santiago del Estero (septiembre de 1939); Catamarca (febrero de 1940) y Buenos Aires (marzo de 1940) (ver Mapa III). Podríamos suponer que la “inacción” o “prescindencia” en algunos casos, y la “intervención” en otros, se presentaron como distintas modalidades del plan presidencial destinado a la democratización del sistema político, pero que ante todo se orientaba a gobernabilidad y la construcción de un capital político propio. 

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