sábado, 22 de septiembre de 2018

AGUSTÍN JUSTO, ROBERTO ORTIZ Y RAMÓN CASTILLO (1932-1943) - Parte 5


Fue reiterada la imagen en sus mensajes presidenciales al Congreso de un país que volvía al “imperio normal de sus instituciones” (Justo 1932: 4, 1933: 6) y de un gobierno que encarnaba una “obra de reconstrucción nacional” (Justo 1932: 8). En su primer mensaje el presidente enfatizó que era apremiante romper con los “regímenes y procedimientos del pasado” y que su elección representaba la “legalidad restablecida”. En este doble repudio, no solo se despegaba del pasado inmediato dictatorial de su antecesor, sino que además condenaba las prácticas del gobierno de Yrigoyen que la revolución vino a combatir. Por ello, pedía al Congreso estar facultado para proceder con la “celeridad” requerida por la difícil situación que vivía el país, aunque no quería “muñirse de poderes discrecionales que serían perjudiciales para el equilibro creado por la Constitución” (Justo 1932: 8). La “vasta tarea” de su gobierno era entonces de “reajuste administrativo”, de “reconstrucción financiera” (Justo 1932: 9, 1933: 12) y de “ordenamiento y ajuste de finanzas” (Justo 1934: 15).

Sin embargo, Skowronek señala también que la “historia” en estos presidentes cumple un doble papel. Por un lado, su denuncia y necesidad de quiebre con el pasado inmediato, pero también como pretensión de recuperar algunos principios fundacionales característicos de un pasado mítico que se ha perdido. En este sentido, Justo (1935b) también enfatizó recurrentemente la segunda dimensión rescatando las raíces liberales y constitucionales de la Argentina, y vinculando su obra de gobierno a la de Justo José de Urquiza, Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento y Nicolás Avellaneda, todos mandatarios del período de organización constitucional hacia finales del siglo XIX.

El presidente utilizó de manera audaz los recursos políticos y constitucionales disponibles que le otorgaba el diseño institucional. Tuvo mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Nación, controló la mayoría de los distritos, balanceó un gabinete con distintas personalidades partidarias y mantuvo siempre dirección política clara en sus propósitos políticos (ver Tabla III). Así, evitó el regreso del radicalismo, primero facilitado por la abstención, luego mediante la aplicación de métodos fraudulentos en los procesos electorales. En este primer sentido, el general Justo fue un gran “constructor” en la dimensión política-partidaria. Su liderazgo bifronte (civil y militar) funcionó como un pivote donde se articularon los apoyos de los sectores conservadores, antipersonalistas y socialistas independientes y su figura fue esencial para explicar el éxito y desenlace de la ‘concordancia’ —coalición inorgánica de partidos oficialistas— hasta su muerte en 1943. Pese a tener un carácter laxo y con identidades partidarias no tan definidas —nunca se conformó como una organización estable e institucionalizada, sino que funcionó como una alianza de hecho que congregaba fuerzas de muy diferentes recursos— la coalición controló las mayorías en el Congreso y en las provincias en todo el período (Macor 2001) (ver Tablas I y II). A partir de 1932, trece de los catorce distritos tuvieron gobiernos concordancistas (ver Mapas I y II)9 y el presidente retuvo altos índice de respaldo partidario en el Congreso, además de alcanzar un moderado porcentaje de sanción de sus iniciativas legislativas10. El general fue exitoso en mantener lealtad de bancas en Diputados, donde el porcentaje de partido (o partidos) que lo apoyaron se balanceó entre 53 por ciento para 1932 y 43 por ciento hacia 1936; más aún, en el Senado fue siempre superior al 70 por ciento en toda su presidencia (Molinelli, Palanza y Sin 1999). 

Por último, la consolidación institucional estuvo acompañada también por el nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia (sobre un total de cinco): Benito Nazar Anchorena en 1933 y Juan Benjamín Terán en 1935.

La abstención del partido mayoritario —la Unión Cívica Radical— durante la primera mitad de la década fue sin duda fundamental para definir el escenario político y la actitud del gobierno, que tuvo que enfrentar una serie de levantamientos radicales durante sus dos primeros años. En sus mensajes el presidente condenó las prácticas violentas al igual que las fraudulentas y decía no apartarse del “respeto a la voluntad del pueblo” y a los principios fundamentales del sistema de gobierno constitucional (Justo 1933: 5). Ello, sin embargo, no le impidió activar el “control electoral” mediante la permisividad del fraude en algunos grandes distritos en aras de controlar la sucesión presidencial y gravitar sobre la política en algunas provincias (De Privitellio 2001). En este sentido, su rol de “mentor y guía” de esa nueva refundación se vio reforzado por equilibrios constantes —prácticos y discursivos— que tuvo que balancear entre los impugnadores del régimen constitucional restaurado, ya sea dentro del sistema (como los partidos opositores que pedían plenas garantías constitucionales) o aquellos actores de extrema derecha que proponían la implementación de un régimen político de cariz autoritario (Macor y Piazzesi 2005)11.


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