Quienes
justifican las decisiones que tomó para detener los juicios contra las personas
acusadas de cometer delitos contra la humanidad, sostienen que en aquel momento
las Fuerzas Armadas no obedecían las órdenes del presidente y que no existía
poder para reprimir las insurrecciones militares, lo que hubiera llevado a un
sangriento golpe de Estado y eventualmente a una más sangrienta guerra civil.
Alfonsín
se ha referido con posterioridad abiertamente sobre esta cuestión diciendo:
Las
medidas que nosotros tomamos, que lo hicimos con un criterio de racionalidad,
no se compadecían con lo emocional del pueblo en ese momento. De modo que fue
algo que se vio como una enorme frustración, en general, por todos los
argentinos. Acompañado por todas las organizaciones de derechos humanos y sobre
todo por los partidos políticos opositores. De modo tal que cuando Menem,
posteriormente, realiza el indulto se creyó que era mucho menos grave que lo
que yo había hecho. Que por otra parte no era sino cumplir con lo que había
señalado durante la campaña: la responsabilidad principal es de los que mandan,
la segunda de los que se han excedido en el cumplimiento de las órdenes y la
tercera, los que en ese marco de terror que había, creyeron en la legitimidad
de la orden impartida. Entonces, sobre esos yo no quería que recayera la pena.
Más
allá de las especulaciones, lo cierto es que la Semana Santa de 1987 constituyó
un punto de inflexión para la popularidad de Alfonsín, que se reflejaría en la
derrota de la Unión Cívica Radical en las elecciones para gobernadores y
parlamentarias de ese año. Pero también es cierto que Alfonsín logró entregar
su mandato a otro presidente civil, de otro partido político, hecho que no
sucedía desde 1916, y que desde su asunción en 1983, Argentina inició el más
extenso período democrático de su historia.
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