El
10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación. Su
gobierno enfrentó dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la
democracia y la difusión de la misma hacia todos los ámbitos de la sociedad y
la relación con las Fuerzas Armadas; y la obra general de gobierno condicionada
por la inflación y la crisis de la deuda.
Derechos
humanos y sublevaciones militares
El
gobierno de Alfonsín debió enfrentar el problema de la transición a la
democracia en un país con una larga tradición de gobiernos militares que había
llegado al terrorismo de estado y la guerra.
El
15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el
primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones
guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres
juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo
de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades
independientes como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández
Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y
pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas
militares.
También
el 15 de diciembre Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando
nula la llamada ley de auto-amnistía Nº 22.924 dictada por el gobierno militar.
Una semana después el proyecto fue sancionado como
Ley
Nº 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.
El
20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su famoso informe titulado Nunca
Más y concurre a entregarlo al presidente Alfonsín acompañada de una multitud
de 70.000 personas.[10] El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal (tribunal
civil) toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando
a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Los fiscales fueron
Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre
el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de
diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo
Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando
Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión.
Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada
por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo,
que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en
aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.
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