IX
Puesto en aplicación desde el Gobierno, a partir de 1916 el
diseño de estos presupuestos doctrinarios adquiere resonancia realizadora en
las “efectividades conducentes”, para utilizar, una vez más, el peculiar
lenguaje yrigoyeneano.
En el plano internacional esa consistencia ideológica con la
praxis política determinó la base de una tradición, que con el tiempo marcó las
líneas de una verdadera Política de Estado. Los episodios más importantes de la
escena mundial fueron teniendo una replica por el Gobierno argentino: La
Neutralidad en la Primera Guerra Mundial, las advertencias sobre las
consecuencias negativas del Tratado de Versailles, respecto del cual la
Argentina se declaró “res ínter allias acta”; las posiciones sobre la Igualdad
de las Naciones ante la constitución de la Liga de las Naciones; la dignidad
idealista que implicó el retiro de la Delegación Argentina de esa organización,
las iniciativas para la integración de Sudamérica, sin pretensiones
hegemónicas; los planteos antiimperialistas defendiendo el principio de no
Intervención, con relación a la Política Norteamericana en el caso de la
República Dominicana y en Nicaragua, son algunos de los actos que
caracterizaron la visión de Yrigoyen sobre “la función Argentina en el Mundo”.
Es de notar ese criterio de “misión y función de la Argentina en el concierto
de las Naciones”, que se distingue del actual criterio, de menor e irrelevante
contenido y pretensión, de una Argentina “que se acomode al Mundo”.
En el orden económico, tanto como en el campo de lo social y
lo cultural, por primera vez en la Historia argentina, el Gobierno de Yrigoyen
asume un rol decididamente intervencionista, dejando a un lado el liberalismo
hasta entonces imperante del “laissez faire, aissez passer”.
En la economía es esencial y novedosa la defensa y promoción
del patrimonio nacional. Esto es, de los bienes estratégicos que hacen a la
capacidad de decisión soberana del país para su desenvolvimiento: el suelo y el
subsuelo. El primero, mediante la recuperación de tierra pública mal concedida
por el régimen anterior, los nuevos planes de colonización y la defensa del
productor agropecuario contra los monopolios exportadores. El segundo, por la
política nacionalista en materia de hidrocarburos, que se materializa con la
creación de YPF y su incidencia directa en el desarrollo autónomo y equilibrado
de todo el territorio nacional.
Habría que mencionar el intervencionismo directo del estado
en la fijación de precios y tarifas que protejan y beneficien al consumidor y
al productor; la regulación y control de los precios al consumo popular,
durante la crisis de la primera posguerra mundial; y la recuperación para el
Estado de más del treinta por ciento de las redes ferroviarias, los más
importantes factores estratégicos para el desarrollo del país en su tiempo.
En el orden de la política social, la consideración de los
intereses del capital y del trabajo, en busca de la paz social, tuvo, quizá más
que en otros campos, las características de enérgica intervención a favor del
trabajador. El concepto de “democracia social” aparece precursoramente ya en la
primera Presidencia de Hipólito Yrigoyen: “Tras grandes esfuerzos el país ha
conseguido establecer su vida constitucional en todos los ordenes de su
actividad democrática. Pero le falta fijar las bases primordiales de su
constitución social” afirmaría en el Mensaje al Congreso Nacional del 31 de
agosto de 1921. DHY, pág. 191) Y en el mismo mensaje: “La democracia no
consiste sólo en la garantía de la libertad política; entraña a la vez la
posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimo de felicidad siquiera”.
Ninguna huelga obrera fue declarada ilegal. La mayor parte
de los conflictos se resolvieron con esa dirección protectora, incluyendo las
huelgas más violentas y los episodios de represión, como los hechos de la
llamada semana trágica en enero de 1919, o en las huelgas patagónicas de 1921.
Transformó sustancialmente el Departamento Nacional del Trabajo, que comenzó a
intervenir de manera directa en el arbitraje de los conflictos, y en la
inspección para el cumplimiento de las leyes laborales. Cajas de Previsión
Social, jubilaciones, Código de Trabajo Rural, fomento de las organizaciones
sindicales y su reconocimiento legal, salario mínimo y jornada de trabajo, pago
de remuneraciones en moneda nacional, leyes de procedimientos para penalizar el
incumplimiento de las leyes del Trabajo.
Aunque no pudo sancionar sus proyectos de ley de
Código Nacional del Trabajo, de Convenios Laborales Colectivos y de
Asociaciones Profesionales, es considerable el avance en materia de justicia
social y de organización obrera, mediante el dictado de decretos y la acción concreta
de los organismos del Gobierno.
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