Más, no es necesario, a los objetivos de nuestro análisis en este escrito, retrotraernos tan atrás en el tiempo, simplemente fijaremos los antecedentes remotos de la crisis que desembocó en el derrocamiento de De la Rúa, en los comienzos de su mandato.
Aunque parezca paradójico, en algunas ocasiones solo dos años es mucho tiempo en política. Esto fue lo que le ocurrió al gobierno de la Alianza y, a los fines analíticos, dividiremos al período en dos partes: a) el del terror social; y b) el del terror político y económico. Tal forma de operar se hace al mero propósito del análisis de los hechos, ya que aquellos formaron parte de un mismo paquete terrorífico que mantuvo en vilo a la ciudadanía por 24 meses, sin que ello fuera advertido -ni explícita ni implícitamente- por el gobierno nacional. Calificar al tiempo transcurrido como de terror no es una exageración ni un eufemismo, sino que se trata de una calificación psicosocial de los sentimientos que atravesaban a la mayor parte de la población, tanto la expulsada del sistema, como los que se aprovechaban del mismo para sus intereses espurios.
a) El terror social:
A poco de iniciar su mandato, la Alianza le asestó un duro golpe a la confianza depositada en ella cuando -a una semana de asumir- en un pueblo de la Provincia de Corrientes los empleados, en reclamo del cobro de sueldos atrasados fueron reprimidos por la Gendarmería, el saldo: dos muertos, heridos y decenas de detenidos. La nueva etapa democrática se inauguraba con una metodología propia de los "años de plomo" que debimos soportar con las dictaduras militares. Este episodio fue la primera voz de alerta, como así también fue la primera muestra de hasta donde eran capaces de llegar los estrenados gobernantes en su afán por mantenerse en el poder y desoír el grito de quienes reclaman lo que es suyo.
Para mayo siguiente se producen fuertes disturbios en el norte de la Provincia de Salta como consecuencia de la falta de trabajo y así se llega a incendiar una Intendencia municipal. Nuevamente aparece la represión de mano de la Gendarmería. Entretanto, se pone en marcha por todo el país una original forma de expresión popular que fue definida como "piquetes", siendo los "piqueteros" quienes participaban en tal forma de reclamo cortando rutas, aislando poblados y ciudades y dando forma a la expresión de un pueblo que no era escuchado de otra manera por las autoridades. De tal manera, los piqueteros logran en la zona más densamente poblada del Gran Buenos Aires la adjudicación de 16 mil planes de trabajo.
A mediados de noviembre nuevamente episodios de violencia callejera, simultáneamente en el norte de Salta y en la Provincia de Misiones. Los manifestantes toman rehenes y la represión policial deja como saldo un muerto. Para finales de ése mes, los comerciantes dueños de locales de venta de artículos comestibles piden protección policial debido a un miedo fundado de que se repitieran los asaltos populares que hacían volver a la memoria los acontecimientos ocurridos antes de que Alfonsín abandonara su gobierno, en 1999.
En junio de 2001 la crisis social se acelera y nuevamente es la región del norte de Salta la más afectada por la represión de la Gendarmería, que es enviada con más de mil efectivos a "calmar" los reclamos populares: dos muertos. Veinte días más tarde, un grupo de piqueteros bloquean los puentes de acceso a la Ciudad de Bs. Aires, haciendo temer por el abastecimiento de comestibles, son desalojados merced a una nueva represión, esta vez sin víctimas fatales, aunque con centenares de heridos y detenidos. Esto no arredró a los piqueteros que organizaron un Plan de Lucha con cortes de diferentes rutas por tres semanas consecutivas. Poco después uno de los líderes nacionales de los piqueteros anuncia que si no eran tomadas rápidas medidas para aliviar el hambre de la población, comenzaría el asalto y saqueo a los supermercados.
Aquella advertencia no fue en vano, el 14 de diciembre se iniciaron -desde Mendoza- una serie de saqueos y asaltos a cadenas de supermercados -y hasta a pequeños comercios- en casi todo el país, con los mismos sus actores sociales salieron en la búsqueda del bien más preciado que tiene el hombre: la comida. Se trató del comienzo del fin. Se necesitaron 20 muertos del campo popular en enfrentamientos entre los llamados saqueadores enfrentados a la policía y la ira de comerciantes -que al ser testigos de la pérdida de años de trabajo- hicieron "justicia por mano propia" disparando con sus armas de fuego contra los que iban a asaltarlos. Asimismo, otros siete muertos cayeron en la Plaza de Mayo ante la feroz represión policial que trató de desalojar del lugar a los manifestantes -que de modo pacífico- trataban de hacer oír sus reclamos -mediante un batifondo ensordecedor- al gobierno, golpeando ollas y cacerolas.
La cifra de muertos no es definitiva, ya que a la semana existían centenares de heridos en estado gravísimo. A todo ello deben sumarse los miles de detenidos por la aplicación del Estado de Sitio, resultado éste de una de las últimas medidas políticas del gobierno por sostenerse en el poder a contra pelo de la voluntad popular.
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