Antes de finalizar el año, el gobierno sufre un duro revés político -con graves consecuencias colaterales económicas- al serle modificado drásticamente por el Parlamento el proyecto de presupuesto de gastos y recursos elevado para el 2001. Sin embargo, el gobierno a los pocos días anuncia con bombos y platillos un apoyo del Fondo Monetario Internacional de 40 mil millones de dólares, al que llaman "blindaje", ya que él serviría para amortizar los inmediatos pagos de la abultada deuda pública argentina, tanto externa como interna, aunque no sirviesen para invertirlos en proyectos de crecimiento y desarrollo económico, como históricamente ha venido ocurriendo en nuestro país y en el resto de América Latina (Galeano, 1971).
Más, luego de un verano relativamente calmo, comienzan a sucederse con rapidez inusitada hechos que culminarían en un año plagado de rumores y desaciertos que marcaban la impronta de la falta de conducción política desde el gobierno central. En marzo hizo eclosión una profunda crisis política y económica en el Gabinete de De la Rúa: el 2 de marzo renuncia el Ministro de Economía que lo acompañaba desde el inicio de su gestión. A las 48 horas es reemplazado por otro hombres de su confianza -Ricardo López Murphy- quien venía de tener a su cargo la cartera de Defensa. Éste propuso un plan económico que preveía profundos recortes en el gasto público, lo cual significaba que habría mayor número de desocupados en la calle. Si bien es cierto el recorte al gasto público era reclamado por la ciudadanía, lo cierto es que ésta pretendía que el mismo se iniciara por los exorbitantes gastos políticos partidarios, comenzando por una sustancial rebaja de las dietas que cobran los legisladores y los sueldos de los funcionarios públicos, a la par que continuando con la reducción de las prebendas que los primeros tienen acordadas.
Las resoluciones tomadas por el flamante Ministro -en materia económica y fiscal- inmediatamente abrieron dos frentes de repudio que fueron difíciles de controlar, dado que ambos se retroalimentaban recíprocamente. Por un lado tuvo lugar una nueva crisis política en el seno del gobierno, la que no era más que un reflejo de la crisis social que se había abierto en el seno de la sociedad toda que denostaba las medidas económicas y financieras que ahondaban la brecha recesiva en aras de alcanzar un saludable pero imposible "déficit cero" en las circunstancias que vivía el país.
De tal manera, la crisis política se manifestó en renuncias masivas de ministros históricos del radicalismo -como Federico Storani- entre los de la primera línea y del Frepaso -Graciela Fernández Meijide- que pusieron en virtual jaque mate a la tambaleante Alianza. En lo que respecta al orden social, este se vio seriamente alterado con una seguidilla de huelgas y tumultuosas manifestaciones populares que obligaron en dos semanas a la renuncia de un Ministro que nunca alcanzó a implementar las políticas anunciadas.
En esta oportunidad el Presidente convocó para secundarlo -en la estratégica cartera- a un personaje de triste recuerdo en el imaginario colectivo argentino: Domingo F. Cavallo. Ese nombramiento fue resistido desde las filas mismas del radicalismo y repudiado por sus aliados del Frepaso.
Entre las primeras medidas adoptadas figuran un nuevo impuesto -esta vez a la emisión de cheques- mientras promete un plan de competitividad que hará crecer rápidamente a la economía. Por entonces, ya se conocía que las reservas en divisas del Banco Central disminuían de manera constante, frente a lo cual el Ministro pide a los ciudadanos que no retiren sus depósitos se los bancos a la vez que anuncia un plan financiero de "déficit cero".
El que si bien es cierto no deja de ser correcto, sin embargo se lanzó en un momento en que la recaudación fiscal -finales de julio- comenzó a caer de manera vertiginosa con consecuencia, entre otras variables, de un recorte salarial del 13% que impuso a los empleados estatales y a los jubilados. Todas estas medidas Cavallo pudo ponerlas en práctica gracias a que el Parlamento delegó en el Poder Ejecutivo funciones legislativas que le son propias y constitucionalmente indelegables, por lo cual se hicieron presentaciones ante la Justicia en las cuales se acusa a los legisladores que votaron favorablemente la delegación de funciones bajo la figura penal de "infames traidores a la Patria".
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