Las nuevas medidas económicas implementadas a partir de aquella fecha fueron básicamente dos: a) nadie podía retirar de los bancos más de 250 pesos por semana, a lo cual se lo denominó "el corralito"; y b) obligar a las personas -cualquiera fuese su extracción social- a pagar sus deudas o compras mediante el uso de tarjetas de crédito, de debito automático o con el uso de cheque. Asimismo se impedía -de modo indirecto y de esa forma sin afectar la garantía constitucional de libre circulación de las personas- el viaje al exterior con más de mil dólares en efectivo, so pena de caer bajo la figura delictiva de contrabando.
Lo que se pretendía con ellas era proteger al sistema financiero que no tenía moneda líquida para satisfacer la demanda de depósitos, lo cual provocaría necesariamente una corrida bancaria que desataría el pánico ante el crack en que entrarían la mayoría de las entidades bancarias.
Esto, pese a todas las críticas que nos merece el Ministro Cavallo, tuvo una elogiable intención, ya que lo que se estaba protegiendo no era solamente a los banqueros, sino a lo que se conoce como el "bien común" -concepto que ya había sido desarrollado por Platón (1983), Aristóteles (1981) y los escolásticos, como Tomás de Aquino (1264)- es decir, los bienes de toda la población que había confiado en un modelo financiero que lo defraudó y que aunque fueran todos los banqueros y financistas presos por estafa, no solucionaba el problema de fondo que era la pérdida de los dineros depositados en sus entidades. Con esto no solamente se limitaba y perjudicaba a los grandes especuladores, sino también a los pequeños ahorristas y a los asalariados que cobraban sus sueldos a través de depósitos bancarios.
Sin embargo, bien se dice que "el camino del infierno está plagado de buenas intenciones", la reacción de todos los sectores de la estratificación social fue de repudio generalizado a las mismas. No puede dejar de reconocerse que alrededor de un 40% de la economía nacional funciona en un circuito informal lo que produjo que los pequeños comerciantes y los trabajadores contratados por afuera de las leyes laborales, no pudieran dejar de hacer uso de lo que se llamó "la bancarización" poblacional, es decir, todas las personas debían pasar por los bancos a cobrar sus salarios, honorarios y hasta transacciones comerciales.
Si bien es cierto, tal práctica es de uso habitual en los países del Primer Mundo, también es verdad que la misma no se puede pretender implementarla de un día para otro de modo masivo. No solo los bancos están incapacitados para abrir millones de cuentas corrientes y de cajas de ahorro en menos de una semana, sino que tampoco los pequeños comerciantes disponen del instrumental necesario como para recibir transferencias de cajas de ahorro de sus clientes por las compras que estos hayan realizado. En consecuencia, si la economía argentina se encontraba en recesión, esto la condujo a una parálisis casi total, habiéndose asó cortado la cadena de crédito y de pagos.
Que no quepan dudas que el ánimo psicosocial de la población ya no fue de "bronca" -tal como se expresara en las elecciones de octubre (Rodriguez Kauth, 2001)- sino que fue de furia incontenible ante el maltrato que se sufría en los bancos que no estaban capacitados para atender a la masa de clientes que a diario acudían a consultar y abrir cuentas, sino que también reclamaban a viva voz por su dinero "congelado" en aquellos y del cual no podía disponer libremente, esto afectaba fundamentalmente a los asalariados que, constitucionalmente, sus salarios son intangibles.
Más, los pueblos no son estúpidos y saben que el enorme déficit fiscal argentino no pasa substancialmente por la economía informal, sino que la gran sangría la provocaban los especuladores financieros que se estaban llevando las divisas del territorio mediante maniobras a veces legales, aunque la mayor parte de ellas inmersas en la más profunda ilegalidad amparada por el eje corrupto que atraviesa -en particular- a la banca y las finanzas con la complicidad política gubernamental. Pese a los anuncios de abril de Cavallo, acerca de la reactivación de la producción, la realidad es que ninguna de las medidas adoptadas alcanzó a lograr tal objetivo. Solamente se aplicaron la recetas recomendadas por la banca transnacional sobre políticas fiscales y financieras. El crédito externo llegó a ser de hasta el 15% anual -hasta que se cortó por el temor a la cesación de pagos- mientras que el interno alcanzó cifras usurarias de entre el 25 y el 35% anual. A todo esto el síndrome del "riesgo país" continuaba incrementándose por parte de las calificadores internacionales que, además de tener en cuenta los pésimos indicadores económicos, tomaba en consideración la debilidad política del Gobierno que -para entonces- ya había sido derrotado de manera estrepitosa en las elecciones parlamentarias de octubre a manos de, en primer lugar el voto "bronca" y, representativamente, por el peronismo que asumió la conducción de las Cámaras de Senadores y de Diputados, con lo cual de hecho la línea de sucesión presidencial quedaba en su poder.
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