Las tensiones al interior de la oligarquía agroexportadora no estuvieron ausentes. En 1874 y 1880, dos revoluciones impulsadas por fuerzas políticas porteñas –el mitrismo y el tejedorismo–, reemplazaron a los tradicionales levantamientos de caudillos federales, ya desactivados definitivamente. Esas acciones, mal planificadas y desastrosas en sus resultados, permitieron demostrar que el Estado Nacional se había consolidado definitivamente para 1880, con la amputación de la Ciudad de Buenos Aires del territorio de la provincia homónima, convertida por entonces en Capital Federal.
Sin embargo, el éxito del proceso de construcción de una economía dependiente, del genocidio de las clases subalternas y la concentración de la riqueza y del poder político y social en pocas manos, encontró inesperadas resistencias a partir de 1890. Las clases medias, surgidas como consecuencia de la expansión del sector servicios, propios de una economía primario exportadora, reclamaron mayor participación política y transparencia electoral, a través de nuevos agrupamientos, como por ejemplo la Unión Cívica de la Juventud o la Unión Cívica Radical. Las revoluciones de 1890, 1893, 1895 y 1905, aunque fracasaron en su objetivo, echaron luz sobre la inestabilidad y el malestar social existente, situación que se agravaba sobremanera ya que a las exigencias de las clases medias se sumaba una creciente combatividad de los trabajadores inmigrantes, enrolados mayoritariamente en el anarquismo y en las organizaciones FOA y FORA. La respuesta de la oligarquía consistió en combinar políticas crecientemente represivas para los trabajadores, y una reforma política, la Ley Sáenz Peña de 1912, que permitió transparentar el sistema electoral, habilitando, sin quererlo, el acceso de la UCR a la primera magistratura en 1916.
Mientras la vida política estaba expuesta a permanentes sobresaltos, los negocios británicos se multiplicaban a orillas del Plata. Inversiones en bancos, ferrocarriles y frigoríficos, y un incremento sin precedentes del endeudamiento externo, y altas tasas de enajenación de las riquezas nacionales convirtieron a la Argentina en el territorio privilegiado para la colocación del capital británico. Nada parecía turbar el futuro de una alianza entre un imperio en expansión y una oligarquía que autocelebraba su buena fortuna en medio del lujo, el despilfarro y la explotación de los más débiles. Sin embargo, para principios de la década de 1910, los vientos de cambio se intensificaron. La protesta obrera se incrementó, la UCR conquistó posiciones institucionales decisivas, y el viejo Imperio Británico ingresó en un cono de sombras del que ya no conseguiría recuperarse, con el estallido del Primera Guerra Mundial, en 1914. Por entonces, se abría una nueva etapa para nuestra sociedad y para el mundo en su conjunto, que contemplaba el exterminio recíproco de las potencias europeas en el marco de un conflicto bélico sin precedentes.
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[1] Alberdi justificó reiteradamente el ejercicio del fraude y la violación de la voluntad popular, expresando un descreimiento absoluto tanto de la sabiduría de las mayorías, como de la razonabilidad de las clases dirigentes latinoamericanas: "Es utopía, sueño y paralogismo puro –sostenía– el pensar que nuestra raza hispanoamericana, tal como salió formada de su tenebroso pasado colonial, pueda realizar hoy la república representativa". (Alberdi, 1852).
[2] “El concepto tradicional de División Internacional del Trabajo se refiere a la especialización de los diferentes países en la producción de determinados bienes y servicios. En este proceso un grupo pequeño de naciones que iniciaron tempranamente la transformación estructural de sus economías, gracias al avance sin precedentes de las fuerzas productivas, tomaron la delantera en su especialización como productores de bienes manufacturados, al tiempo que la mayor parte del mundo debió conformarse con su papel de abastecedores de bienes primarios de origen agropecuario y minero. Este esquema de división del trabajo se acentuó especialmente después de conformado el sistema mundial de la economía hacia finales del siglo XIX […]”. (Romero, 2002).
[3] El concepto de sociedades semicoloniales fue propuesto por Lenin en 1916, en su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, siendo aplicado posteriormente por la mayoría de los autores de raigambre socialista o que adscriben a diversas versiones de la denominada “teoría de la dependencia”
Por: Dr. Alberto Lettieri
30 de Marzo de 2015
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