La política
La década de 1850 estuvo caracterizada por el conflicto entre Buenos Aires y la Confederación Argentina, liderada por el entrerriano Justo José de Urquiza, quien alcanzó la presidencia nacional en el marco del sistema dispuesto por la Constitución de 1853. Imposibilitada de ejercer la hegemonía nacional tras la caída de Rosas (el 3 de febrero de 1852), la dirigencia liberal-conservadora que lo reemplazó en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires apeló a la secesión como estrategia de presión para recuperar su perdido liderazgo.
De este modo, y privada del puerto de exportación por excelencia y de los recursos de su aduana, la Confederación fue empobreciéndose y endeudándose. No tardaron en aflorar los conflictos entre las provincias que la conformaban por cuestiones territoriales o de apropiación de recursos territoriales, hasta que finalmente la vía armada fue la escogida para acelerar la reunificación.
Las batallas de Cepeda (1859) y Pavón (1861) devolvieron a Buenos Aires la capacidad de encabezar el proceso de consolidación política y territorial, y de delinear los términos de inclusión definitiva de la Argentina dentro del sistema de División Internacional del Trabajo. Paradójicamente, en ninguna de estas dos batallas las fuerzas de Buenos Aires consiguieron imponerse, lo cual deja aún más en claro la incapacidad que entonces demostraba la dirigencia del resto de las provincias para el ejercicio de la hegemonía a nivel nacional. (Halperín Donghi, 1979) (Lettieri, 2006).
La victoria de Buenos Aires allanó el camino para que su gobernador, Bartolomé Mitre, accediera a la Presidencia de la Nación en 1862. Mitre profundizó el proceso de institucionalización, a través de la codificación de leyes, el disciplinamiento social y territorial, por medio de la creación del Ejército Nacional y de un brutal genocidio de líderes y militantes federales a lo largo del país.
También impulsó la definición de límites territoriales y de reconocimiento de la soberanía del Estado Nacional, valiéndose de la trágica Guerra de la Triple Alianza y la firma de acuerdos diplomáticos. (Pómer, 1986). Simultáneamente, promovió la inmigración europea y el adoctrinamiento de la población a través de un sistema educativo nacional, cuyos primeros cimientos se establecerían durante su gestión, por medio de la creación de Escuelas Normales.
Las políticas de Mitre fueron profundizadas durante la gestión de su sucesor, Domingo Faustino Sarmiento, quien continuó con el genocidio de los opositores y promovió un saqueo aún mayor de las riquezas nacionales, por medio de la instalación de ferrocarriles y el incremento del endeudamiento del Estado.
Su política de disciplinamiento social incluyó el adoctrinamiento educativo a través de la educación popular, y estimuló el proceso de aculturación y de vaciamiento de las culturas y tradiciones nativas, apelando a su eslogan “civilización y barbarie”, que exigía hacer tabla rasa con los fundamentos culturales preexistentes y con los sujetos sociales que los expresaban.
Finalizada la presidencia de Sarmiento, una guerra civil y una profunda crisis económica recibieron a su sucesor, Nicolás Avellaneda. (Lettieri, 2009). El mitrismo, que había asentado los fundamentos del nuevo Estado Nacional, recurrió a un golpe de estado fallido para tratar de recuperar un predominio político que se le escurría de las manos, en la medida en que las nuevas instituciones políticas, y sobre todo, el Congreso Nacional, permitieron configurar nuevas alianzas que aseguraban a las dirigencias provinciales el acceso a los cargos públicos más determinantes a nivel nacional, en detrimento de la antigua y exclusivista elite porteña. La revolución fue un fiasco, y el mitrismo debió resignarse al ejercicio de una tutela ideológica y moral –no menos significativa, por cierto– desde las páginas del periódico La Nación.
La crisis internacional de 1873-1876 puso en jaque provisoriamente a varias economías emergentes y, en su transcurso, nuestro país se arrogó el triste privilegio de bajar los salarios de los empleados públicos, disminuir de manera exponencial la burocracia estatal y garantizar el pago de los compromisos de la deuda externa “sobre el hambre y la sed de nuestro pueblo”, en palabras del tucumano Avellaneda.
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