martes, 13 de marzo de 2018

La ley de Inmigración y Colonización del presidente Nicolás Avellaneda - Parte 2

El presidente podía al fin ocuparse de las cuestiones importantes. Avellaneda era consciente de que la Argentina tenía un extenso territorio, con un grave déficit poblacional. En consecuencia decidió cumplir con el mandato de la Constitución de 1853, cuyo antiguo Art. 25 disponía que “el gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar la industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.

Crear riqueza

A tal fin, Avellaneda envió al Congreso su proyecto de ley de “Inmigración y Colonización”, en la que sostenía como cuestión de Estado el poblamiento del territorio nacional; acción que sería el germen de la actual conformación social de nuestro país, donde casi todos descendemos de inmigrantes. Se trataba de un vieja preocupación, ya verbalizada por la Primera Junta de Gobierno en 1810.

La comunidad que creció más rápidamente en los primeros años fue la británica, que se instaló principalmente en Buenos Aires, al compás del aumento del comercio y la apertura del puerto. Luego llegaron los franceses (algunos exiliados a la caída de Napoleón); y en menor medida, alemanes e italianos. El gobierno rivadaviano trajo a los primeros artistas, científicos, técnicos y sabios europeos. Con las guerras civiles y el régimen rosista, continuó creciendo lentamente la colectividad inglesa, en detrimento de las demás. Por esos años, Sarmiento, en sus obras, alentaba la inmigración, como manera de revertir la natural tendencia al ocio que él observaba en nuestros habitantes. Juan Bautista Alberdi sostenía algo semejante: “Un hombre trabajador es el catecismo más edificante”.

Avellaneda coincidiría plenamente con tales ideas. En su gestión, se sostenía que “todo está salvado cuando hay un pueblo que trabaja”. Había, pues, que hacer trabajar a los argentinos, y la manera más práctica era inyectando con rapidez sangre de inmigrantes que vinieran a trabajar y a enseñar las bondades del trabajo a nuestros gauchos. 
En 1865, Avellaneda publicó su “Estudio sobre las leyes de tierras públicas”; donde analiza la legislación argentina sobre el tema y propone, siguiendo el modelo norteamericano, entregar tierras a los productores agropecuarios, simplificándoles los trámites burocráticos al mínimo indispensable, para asegurar el asentamiento de poblaciones estables, aumentar la población en las zonas productivas, y asegurar el territorio y la soberanía nacional aumentando la riqueza productiva argentina. 
Adelantaba Avellaneda en esta obra, lo que haría luego, en su mandato: “La propiedad territorial fácil y barata debe ser la enseña de leyes venideras, para vencer en su nombre y con su obra el desierto, cambiando el aspecto bárbaro de nuestras campañas”.

En su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1º de mayo de 1876, el presidente Avellaneda anunció su ambicioso proyecto: “Podemos distribuir mejor la inmigración, extendiéndola por todo el país, radicarla y ofrecerle un incentivo con la adquisición de la propiedad territorial, abriéndole en el exterior al mismo tiempo nuevas corrientes. Economicemos, principalmente, todos los ramos de los servicios públicos, pero gastemos para hacer más copiosas y fecundas nuestras corrientes de inmigración. 
El agente maravilloso de la producción, el creador moderno del capital es el inmigrante, y afortunado el pueblo que puede ponerlo a su servicio, porque llevando consigo la más poderosa de las fuerzas renovadoras, no tendrá sino perturbaciones transitorias y será constante su progreso. No hay gasto más inmediatamente reproductivo que el empleado en atraer al inmigrante y en vincularlo con el cultivo del suelo”.

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