El
gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las
Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a
los derechos humanos durante el régimen militar anterior.
Para
intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986
Alfonsín debió intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la Ley
de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de
delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.
La
Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo
una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que
se denominaron “carapintadas” dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Al
mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a
obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección.
Millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar
y la CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional.
Durante
varios días el país estuvo al borde de la guerra civil. Alfonsín, anunció al
público reunido en la Plaza de Mayo, desde la Casa de Gobierno, el envío de
tropas leales para exigir a los rebeldes que depusieran su actitud. Poco
después habría de darse cuenta que esas tropas, en los hechos, no existían. Ni
una sola de las unidades convocadas en la Capital Federal, y zonas adyacentes,
respondió a esa orden. Sólo el General Ernesto Alais se mostró dispuesto a
actuar, desde su guarnición en la provincia de Corrientes, y así avanzó con sus
tropas hacia Campo de Mayo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario