Divorcio
En
Argentina el primer proyecto de ley de divorcio vincular fue presentado en 1888
pero su tratamiento fue bloqueado sucesivamente por los sectores católicos y
conservadores. En 1954, el presidente Juan Domingo Perón en su etapa de
enfrentamiento con la Iglesia Católica impulsó un proyecto que fue transformado
en ley. Como represalia el Papa excomulgó a varios legisladores peronistas. El
golpe de estado conocido como Revolución Libertadora derogó la ley en 1955. En
1984 Argentina era uno de los pocos países en el mundo en el que no existía el
derecho al divorcio vincular; en ese momento existían 3.000.000 de personas, un
10% de la población, separadas de hecho, inhabilitadas para volver a casarse
legalmente.
Bajo
el gobierno de Alfonsín fue presentado nuevamente un proyecto de ley de
divorcio vincular, que fue sancionado como Ley 23.515 del 8 de junio de 1987 a pesar de una fuerte
presión ejercida por la Iglesia Católica, incluso recurriendo a manifestaciones
públicas, que no resultaron convocantes. La Iglesia presionó entonces al
presidente Alfonsín para que vetara la ley, pero ello no sucedió.
La
Comisión Episcopal Argentina discutió entonces la posibilidad excomulgar a los
legisladores que votaran la ley, pero la idea no prevaleció. Sin embargo, el
obispo de Lomas de Zamora, monseñor Desiderio Collino, excomulgó a los
diputados de su diócesis.[42]
La
Iglesia Católica, que mantuvo siempre una tirante relación con el presidente
Alfonsín, se mostró dividida frente a la ley de divorcio. El sector más
conservador, encabezado por el obispo de Mercedes (Buenos Aires), Emilio
Ogñenovich, organizó una procesión a Plaza de Mayo encabezada por la Virgen de
Luján. Ante la escasa cantidad de asistentes, Ogñenovich acusó a los obispos
ausentes de haber traicionado el compromiso.[43]
Por
otra parte, los sectores más abiertos de la Iglesia, mantuvieron una posición
crítica sin ser intolerante, como el caso del obispo Josto Oscar Laguna que
manifestó: “El divorcio es un mal, pero es un mal para los católicos, y no
podemos imponer en una sociedad plural una ley que toca a los católicos. Son
los católicos los que tienen que cumplirla y no el resto”.[44]
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