El Partido Comunista acaba de entrar en la causa de la AAA con un caso siniestro y
bien documentado: la destrucción de su local en Córdoba el 10 de octubre de
1974, con detenciones y un asesinato.
El acta notarial lleva la firma de dirigentes políticos y
funcionarios policiales. Relata las condiciones en que la policía cordobesa
entrega el local allanado al Partido Comunista de la ciudad de Córdoba el 10 de
octubre de 1974, donde la brutal irrupción a los balazos de policías y civiles
continuó con torturas, golpes, simulacros de fusilamientos y la muerte de una
militante comunista que se desangró por la hemorragia que le provocó “la
introducción del cañón de un arma en la vagina”.
La patota rompió todo, baleó y
saqueó las cajas fuertes y dejó sus marcas en las paredes de la casona de
Obispo Trejo 354: varias leyendas con amenazas de muerte y la firma de las Tres
A (Alianza Anticomunista Argentina). Ese documento acaba de ser incorporado a
la causa en la que el juez Norberto Oyarbide pidió la detención y extradición
de la ex presidente Isabel Perón, por el supuesto delito de haber cobijado bajo
el amparo del Estado a la banda paramilitar que asesinó a más de 1000 personas
antes del golpe de Estado de 1976.
“Si son comunistas como (Horacio) Guarany más bien váyanse
del país porque los vamos a matar uno por uno. Si cae un policía van a caer
tres de ustedes bolches hijos de puta. Las Tres A” (sic), decía la leyenda más
extensa que dejaron policías y civiles en una de las paredes del local
comunista de la ciudad de Córdoba en octubre del ’74.
Las otras, también
realizadas con aerosol negro, eran más ofensivas que políticas: “bolches hijos
de putas. Tres A”; “zurdos putos”, y “zurdos hijos de putas”. En el acta
también figura el “pomo de aerosol” lleno de “huellas digitales” de quienes
hicieron las pintadas en el operativo del que participaba la policía cordobesa.
Los comunistas acusaron del crimen de Tita Clelia Hidalgo, una joven de 30 años
oriunda de Río Tercero, y las torturas que sufrieron otros 46 militantes que
estaban en el local, al interventor federal de la provincia, el brigadier Oscar
Lacabanne, y su jefe de policía, Héctor García Rey. “Aquí está la punta del
ovillo para descubrir quiénes son las Tres A”, denunciaron entonces los
dirigentes del PC en Córdoba y Buenos Aires.
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