El golpe de septiembre de 1930 interrumpió violentamente el proceso democrático argentino y tras la breve dictadura del general Uriburu, se reinstaló el fraude electoral. Como todo el mundo sabía, el 8 de noviembre de 1931 -en un simulacro de elecciones, con un fraude escandaloso, la oposición encarcelada, acallada y perseguida, y con la Ley Sáenz Peña convertida en letra muerta-, el general Agustín P. Justo, fue "electo" presidente de la República imponiéndose sobre el binomio Lisandro de la Torre-Nicolás Repetto. Esta es la crónica del día del comicio hecha por el diario socialista La Vanguardia: "En su afán de 'superarse' y 'robar' la elección, (los presidentes de mesa) sumaron en algunos casos todos los sobres enviados por la Junta Electoral, poniendo dentro otras tantas boletas oficiales. Ha sido tanta la torpeza de los presidentes sin escrúpulos que luego de meter 300 votos en la urna, recién leyeron que en la mesa sólo votaban 260 o 280".
Así terminaba la dictadura de Uriburu y comenzaba el gobierno fraudulento de su colega Justo.
Los generales se vanagloriaban del resultado electoral y no tenían ningún problema en admitir que habían hecho fraude, pero un "fraude patriótico", porque se hacía para salvar a la patria de la chusma radical. Justo será fiel al sistema que lo había llevado al poder aplicando "el fraude patriótico" y perfeccionándolo: a las clásicas amenazas a los votantes opositores y al "usted ya votó" se sumaban ahora el secuestro de las libretas de enrolamiento, la falsificación de las actas de votación, el cambio de urnas. Todo esto pudo verse en las elecciones de marzo de 1936 que le dieron el triunfo a Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires, calificadas por el embajador de los Estados Unidos como la "más burlesca y fraudulenta contienda electoral jamás realizada en la Argentina".
La negación o malversación del voto, de forma variada y recurrente a lo largo de nuestra historia, constituyó y constituye una de las más graves violaciones de los derechos básicos de todo ciudadano, el derecho al voto, el ejercicio de su porción de poder, lo que justifica el pago de sus impuestos porque lo ratifica como parte de un Estado al que está obligado a sostener solidariamente.
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Felipe Pigna. Historiador
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