Todo empezó en Rosario. Fue con motivo del Congreso Nacional
Agrario celebrado por el radicalismo el 30 de agosto de 1949. La reunión
concluía con un acto público en el hablaría Ricardo Balbín, presidente del
bloque parlamentario de la UCR y el dirigente más reconocido de una oposición
que se distinguía entonces por contar con talentosos dirigentes políticos.
Según se cuenta, Frondizi le había advertido al caudillo
radical que controlara sus palabras porque estaban enterados de que el gobierno
montaría una provocación destinada a desaforarlo y meterlo preso. Incluso,
Frondizi sabía que tres o cuatro policías habían sido destacados para grabar
sus palabras para iniciarle una causa judicial. Le recordó, por último, que ya
había habido problemas con sus discursos en Trenque Lauquen, Pergamino,
Mercedes y General Villegas, ciudad está ultima donde, según se decía, había
pronunciado ofensas irreparables contra el ministro Borlenghi.
Balbín le contestó a su correligionario que se quedara
tranquilo, que sería más prudente que nunca, pero una vez subido a la tribuna y
ante el requerimiento de un público que pedía palabras duras, Balbín se
despachó con uno de sus mejores repertorios en contra de la dictadura peronista
y, entre otras bellezas, convocó a la juventud a realizar una verdadera
revolución social.
Al otro día, el diario El Tribuno de Rosario publicaba los
principales párrafos del discurso. Esa misma semana el juez federal
santafesino, Alejandro Ferraronz, reclamó el desafuero parlamentario ante una
demanda presentada por el diputado peronista Luis Roche, asesorado por el
abogado Carlos García Montaño. Los nombres merecen mencionarse, aunque más no
sea por una atención a sus titulares, ya que si no hubiera sido por este
episodio la mayoría de ellos se habrían hundido en el anonimato más absoluto.
El trámite judicial se inició con un expediente de 28 fojas,
Balbín estaba acusado de desacato y de violar el artículo 244 del Código Penal.
No eran tiempos para quedarse tranquilo. Para esa época ya habían sido
sancionados los diputados radicales Eduardo Sammartino y Agustín Rodríguez
Araya, y poco tiempo después correrían la misma suerte Mauricio Yadarola y
Atilio Cattáneo. Con la dictadura peronista no se jugaba. Esa verdad la estaba
aprendiendo en carne propia Cipriano Reyes, uno de los promotores del 17 de
octubre, y que en pago a los servicios prestados sería detenido, torturado y
encerrado en la cárcel hasta 1955.
Los radicales sospechaban que el bloque parlamentario
peronista perpetraría alguna maniobra, pero no previeron que el desenlace sería
tan rápido y brutal. El jueves 29 de septiembre, el último día de sesiones
ordinarias, el diputado oficialista Ángel Miel Asquía presentó la moción para
que se iniciara el desafuero. Alfredo Vítolo, por el radicalismo, mocionó que
el trámite debía tratarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales. No hubo
caso. Los peronistas nunca fueron amigos de detenerse en delicadezas y, además,
estaban apurados para cumplir con las órdenes superiores.
El diputado Vicente Magnasco habló de injurias, ofensas y
descréditos contra el general Perón. El legislador se refirió a las reiteradas
transgresiones de Balbín y, como par fortalecer sus argumentos, no vaciló en
calificarlo de “hábil orador”, calificación si se quiere extravagante en boca
de un parlamentario cuya tarea, como la misma palabra de la institución que
representa expresa, consiste en hablar o parlar.
Vítolo calificó a la maniobra como una verdadera emboscada
política. Su moción fue apoyada por el legislador conservador Reynaldo Pastor.
Al momento en que Vítolo estaba haciendo uso de la palabra, el legislador
peronista José Astorgano levantó la mano para solicitar una moción. “Ahora van
a pedir que se cierre el debate”, le dijo Frondizi en voz baja a un colega. Y
efectivamente eso fue lo que hizo el diputado Astorgano.
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