El federalismo está enfermo, en coma, y jamás saldrá de ella mientras se mantenga el enfoque político e inconstitucional “redistribucionista”, el pretender manejar la sociedad desde el poder. Porque como decía Alberdi “Nos han organizado no la libertad, sino sus trabas”. Por eso, agregamos, estamos trabados, atascados, aplastados por un Estado megalómano y súper dimensionado, imposible de manejar por cualquier gobierno, civil o militar, electo o de facto. La consecuencia inevitable es la de recoger tres amargos frutos: disminuir el nivel de vida de todos, aumentar las desigualdades (que se declama reducir) y restringir la libertad. Y esto es la antítesis de nuestra Constitución, Republicana, representativa y Federal.
Y como comenzamos esta conferencia afirmando que la crisis del Federalismo es una faceta de la crisis de todo el orden social de la Constitución, puede resultar útil referirnos muy brevemente a “Nuestras crisis reiteradas y sus soluciones”
Nuestras crisis reiteradas y sus soluciones
En estos tiempos de confusión realimentada que vivimos, un grupo de jóvenes me solicitó que escribiera en dos páginas las causas de nuestras veintiséis reiteradas; el intento fue el que se transcribe a continuación:
Consideramos que hay leyes de tres tipos:
Causas políticas
A partir de 1916, contemporáneamente con la ley Sáenz Peña (y no necesariamente por ella) se cambió la interpretación de las instituciones políticas, subordinándose la primacía de “los derechos y garantías” a la “voluntad de la mayoría”. Ello significó invertir la concepción de que la sociedad se organiza desde abajo por los derechos mencionados (con sus consecuencias jurídicas y económicas) por lo que debe ser manejada desde el poder y lo funcionarios que lo representan. Son dos concepciones opuestas del orden social, que importan dos estilos, niveles y calidades de vida diferentes; en el segundo caso (la democracia ilimitada, del número, social, etcétera), dicho estilo en realidad puede ser cualquiera, el que establece el gobierno de turno. De ahí la inestabilidad social y, en consecuencia, política e institucional) es decir el péndulo que hemos vivido.
De carácter jurídico
En las últimas décadas distintas causas han contribuido a debilitar la defensa que el orden jurídico significaba ante la arbitrariedad, ya sea de uno, de muchos o de todos, en particular del poder, que ha sido el problema de siempre. Algunas escuelas de jurisprudencia ha contribuido a ello: el concepto de la justicia social, oponiéndose al tradicional de justicia; el concepto de derechos sociales, llenando, diluyendo o anulando a los individuales; el positivismo legal que interpreta que “la ley no depende de la justicia, sino que determina lo que es justo”.
Y esto y otros supuestamente modernos conceptos han contribuido a que, en las últimas décadas, con el argumento del estado de “necesidad” y la de ampliación del concepto “de poder de policía”, se han ido abriendo fisuras, cuando no boquetes, en la muralla defensiva contra la arbitrariedad (que es la “licencia” que necesita la democracia ilimitada para sacrificar derechos personales en aras de privilegios grupales para la recolección de votos). El poder de decisión pasó así progresivamente de los gobernados a los gobernantes, los derechos se transformaron en meras concesiones, y terminamos en un Estado redistribuidos (justicia social o redistributiva) y súper dimensionado, que ha aplastado al país.
El concepto de sufragio también se ha modificado: de construir un derecho para elegir funcionarios que nos garanticen los derechos de cada uno, abajo, en la sociedad, se ha transformado en el “instrumento” para elegir representantes de los grupos para que les acuerden privilegio, arriba en el poder y a través del poder, a costa de la sociedad. La representatividad ha cambiado así también de motivación y objeto, no siendo ya éste el contribuir al bienestar general, sino al sectorial o grupal, transformando las aspiraciones legítimas de las personas, en irreconciliables de los grupos.
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