En lo inmediato, la intervención de las Fuerzas Armadas sobre la vida institucional del país contó con la aceptación de amplios sectores e instituciones de la sociedad. Tuvo la adhesión de la cúpula de la iglesia, de un sector destacado de los partidos políticos (especialmente los partidos conservadores provinciales), de las asociaciones empresarias, y de los medios de comunicación. Pero, por sobre todo, obtuvo el consentimiento de buena parte de la sociedad.
Este fue el arco importante de consenso inicial con que contó el régimen. Para entender sus causas es necesario tener presente, en principio, dos elementos centrales. Por un lado, cierta “legitimidad” de origen a la intervención de los militares en la vida política del país. Esta es una característica estructural propia del sistema político argentino gestada a partir de las mismas intervenciones militares. Como sostiene Hugo Quiroga, a partir de 1930 se fue conformando un sistema político “pretoriano”, que incorporó en su interior a las Fuerzas Armadas como un componente esencial y permanente. Se constituyó, de esta forma, una cultura política que aceptaba la politización de las fuerzas castrenses; las cuales se desplegaban en el escenario político como un actor singular que, debido a su fuerza militar, definía el juego institucional.
Por lo tanto, la ingerencia de éstas en la vida democrática del país se fue tornando, para la sociedad, como una alternativa siempre posible. Esto denotaba y alimentaba, a la vez, una escasa convicción en los valores de la democracia, y sus tiempos, reflejada en la pérdida de legitimidad del orden constitucional.
El segundo factor explicativo, intrínsicamente ligado al primero, se encuentra en el contexto inmediato al golpe. Legitimada históricamente su intervención, la opción militar se hacía cada vez más fuerte en una situación que se tornaba cada vez más crítica. Ya desde varios meses antes del golpe eran explícitos y públicos los planteos y reuniones de los jefes militares con el poder ejecutivo nacional. El protagonismo de las fuerzas armadas se incrementaba a medida que aumentaba el desconcierto general que, particularmente, era estimulado y usufructuado por los mismos sectores castrenses por medio de la exaltación de su lucha contra las organizaciones guerrilleras, que por otra parte, se encontraban ya en un evidente proceso de declinación.
De esta forma, el caos general (económico, social y político) fue provocando una importante deslegitimación, no sólo del gobierno mismo, sino también del sistema democrático en su conjunto. Se manifestaba evidente un “vacío de poder” a llenar, que permitió gestar, cada vez más, un mayor consentimiento sobre un “orden” militar.
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