Para el gobierno militar la finalidad última era cerrar un “ciclo histórico” abierto con el peronismo en 1946. Reorganizar una “nueva Argentina” por medio de una intervención radical que modifique profundamente un sistema político corrompido, que elimine al Estado demagógico, y que discipline a una sociedad descarriada. Un “Nuevo Orden” era necesario, y esto sólo lo podría efectuar un agente de cambio, que aunque parte institucional de Argentina, se veía a sí misma, y por gran parte de la sociedad, como un organismo inmaculado del germen populista. Como se observa, una retórica del ordenamiento institucional encubría objetivos siniestros. Las Fuerzas Armadas, en fin, debían reencausar a la Argentina por la senda “occidental y cristiana”, y el costo para tal cometido se aseguraba elevado.
En este sentido, se articulaban el disciplinamiento social, que incluía la reestructuración del sistema político, con una trasformación económica que permitiera reforzar, según sus términos, el liderazgo de los sectores económicos más competitivos, que en realidad resultaron ser los que poseían un mayor poder de vinculación con el Estado, y por lo tanto, los más concentrados de la economía. Pero, aunque lo pareciera, esto no era la expresión de un plan homogéneo, unánimemente aceptado por las tres fuerzas, sino más bien las líneas básicas de un acuerdo.
El mismo devenir del proceso manifestará la carencia de un proyecto orgánico de acción, especialmente, por medio de los múltiples conflictos entre, y dentro, de las armas, que expresaban los diversos posicionamientos respecto a la política a seguir. El gran elemento aglutinador, que unía frentes ante un enemigo común, era la lucha contra la subversión.
Por esta razón, los primeros años del Proceso estuvieron marcados por el avance de políticas radicales de transformación. Que como muestra el caso de la economía, no debieron enfrentar demasiados conflictos internos. En cambio, cuando comenzó a disminuir la represión, las divisiones hacia el interior de las propias armas comenzaron a manifestarse públicamente.
Al margen de las diferencias, durante los primeros años de gobierno las Fuerzas Armadas se propusieron gestar y garantizar, según afirmaban, una nueva república donde el desarrollo institucional se realizaría a través de una verdadera democracia.
El proyecto de fondo implicaba, en el largo plazo, la construcción y consolidación de un orden estable sobre el cual el poder militar ejerciera una permanente tutoría política sobre la nación. En fin, lo necesario era “fundar una nueva etapa en la vida argentina que diera término al ciclo de disputas sectoriales sobre la base de afianzar una nueva hegemonía sobre la sociedad”.
De esta forma, y en especial desde el sector más afín a Videla, se pretendió generar, en colaboración con sectores civiles, al actor político encargado de mantener en el futuro la continuidad original del proyecto. Así, el Movimiento de Opinión Nacional (MON), una convergencia cívico-militar, sería la descendencia del régimen. Este garantizaría la renovación necesaria de la clase política, y oficiaría de heredero legítimo y continuador de un sistema de dominio a largo plazo donde las Fuerzas Armadas contaran con la centralidad.
Diego Hernán Benítez y César Mónaco
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