Aunque la declaración formal de huelga se realizara el 25 de junio, ya hacía días que los colonos de la zona habían abandonado los trabajos, y en menos de dos semanas habían declarado formalmente la huelga más de cien mil agricultores de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa.
Las formas se repetían hasta el cansancio: asamblea de chacareros, declaración de huelga, designación de comisión, nueva asamblea para constituir una liga agraria… Los colonos organizadores recorrían las localidades, ayudaban, apoyaban, junto al Dr. Netri. Y pronto comenzaron a trabajar para conformar una asociación gremial agrícola, que los representara, que los defendiera de los abusos de los patrones, que los uniera.
Los medios gráficos de todo el país empiezan a hacerse eco de la protesta. Todos acordaban en que el silencio y falta de respuestas (6) por parte de los propietarios conduciría al país a una crisis total, ya que, en una especie de efecto dominó, al no sembrarse el lino o el trigo, sobrevendría una crisis comercial, seguida de una desvalorización de la propiedad rural y, finalmente, la restricción del crédito y credibilidad en el exterior.
(6) Hubo excepciones: Camilo y Juan Cucco aceptaron las condiciones de los colonos el 27 de junio, y Víctor Bigand, el 3 de julio.
Sin embargo, en la medida en que fueron pasando los días y los colonos no cambiaban su actitud, los propietarios y subarrendadores comenzaron a preocuparse. Comienza a escucharse su voz en la prensa, acusando a los colonos de avaros, pretenciosos, ineptos, holgazanes… Organizaron una reunión en la Sociedad Rural de Rosario, en la que conformaron una comisión para que se ocupara de la resolución del conflicto.
El 30 de junio se realizó una nueva asamblea en Bigand. Asistieron más de 2.500 colonos de varias localidades, entre ellas, Firmat, Bahía Blanca, La Plata, y quienes estaban conformando la Unión Agrícola de la Provincia de Buenos Aires. Allí, muchos colonos comunicaron que habían recibido a los patrones en sus chacras, intentando convencerlos de volver al trabajo con amenazas de desalojo. A la vez, comenzaron a aparecer todo tipo de declaraciones en los medios gráficos. Decía a “La Capital” un propietario de Bigand:
“A los propietarios –agregó nuestro declarante- lo que nos resiente y lo que no podemos tolerar es que el labriego se nos imponga en forma violenta «porque sí» y quiera obligarnos a hacer en provecho de aquello que él quiere, no lo que estemos dispuestos a cederle nosotros.” (7)
(7) En: “La Capital”, 6 de julio de 1912
En la medida en que el conflicto se extendía, las autoridades comenzaron a preocuparse. El Dr. Menchaca, gobernador de la provincia de Santa Fe, decide nombrar una comisión, formada por el vice gobernador Ricardo Caballero, el intendente de Rosario Daniel Infante y un estanciero, Toribio Sánchez, para investigar el conflicto.
Se reunieron con colonos y propietarios, escucharon todas las voces, y elevaron al gobernador un informe en el que se manifiesta claramente a favor de los colonos, haciendo responsables de la crisis agraria a propietarios y empresas subarrendadoras. 
Asimismo, sugieren las características que consideran deberían tener los contratos y expresan claramente su postura frente al conflicto:
“Pero, donde a juicio de esta comisión se halla la solución definitiva para todas las cuestiones de esta índole, es en la reforma de toda la legislación, común o constitucional, que se oponga al establecimiento de la siguiente facultad, que consideramos de derecho pleno de todo labrador, en todas las partes del mundo:El jefe de familia, de oficio labrador, que no tenga tierra propia y la desee para labrarla por sí y por los suyos, tiene derecho a que se expropie para él en el paraje que él designe, siempre que se trate del perímetro de una propiedad mayor de mil hectáreas y no cultivada por el dueño, una fracción no mayor de veinte y cinco hectáreas por el precio asignado para la contribución directa y un cincuenta por ciento más, la mitad del cual se reputa tolerancia en la avaluación para el impuesto, y la otra mitad precio de afección y compensación del trabajo a emplear y el tiempo a perder en el nuevo empleo de los capitales, que habrá de hacer el propietario expropiado.”
“La Capital”, 23 de julio de 1912.
A pesar de la claridad del informe de la comisión, el gobierno provincial no tomó cartas en el asunto: su única acción fue ofrecer a los agricultores tierras del norte de la provincia con un costo de arrendamiento más bajo.
En la medida que pasaban los días y los tiempos de roturación de la tierra se agotaban, el Ministro de Agricultura de la nación, Mugica, se decide a investigar la situación, enviando al Director de la División de Ganadería y Agricultura, Sr. Emilio Lahítte a la región en conflicto. Luego de una gira hecha por la provincia de Santa Fe y de varias reuniones con los miembros de la Sociedad Rural de Rosario, el Sr. Lahítte informó: “(…) todo cuanto se refiere a cumplimiento, reconsideración y modificación de contratos preexistentes, puede y debe ser resuelto por los mismos contratantes, porque no hay poder alguno que pueda sobreponerse a lo que las partes han acordado “legalmente” y pueden modificar por la voluntad de ambos.(…)Los arrendatarios y aparceros han conformado una colectividad incidental para un fin único, la rebaja de arrendamiento, o la parte de utilidad que corresponde al capital inmobiliario de la explotación agrícola; (…) Lo más práctico, a mi entender, sería que las partes acordaran la constitución de una “junta arbitral”, compuesta de personas elegidas por cada una y autorizadas para entender y resolver sumariamente en cada uno de los contratos comprometiéndose unos y otros a aceptar la resolución de la junta.”
“La Prensa”, 17 de julio de 1912.
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