Domiguez Roca[19] confluye en esta línea de análisis al observar que las políticas urbanas de la dictadura articularon elementos que podrían considerarse contradictorios, en tanto algunos presentaban líneas de continuidad con planes y propuestas previas y otros elementos marcaba fuertes diferencias. Para este autor, una nota distintiva de la dictadura respecto al período anterior fue la actitud pragmática y la fuerte voluntad de intervenir sobre el espacio urbano por sobre la elaboración de planes a largo plazo.
Por su parte, Oszlak[20] analiza una serie de políticas urbanas llevadas adelante por la última dictadura que desde distintas esferas gubernamentales pusieron de manifiesto la puesta en vigencia de una nueva concepción sobre la jerarquía del espacio urbano manifestada a partir de la expulsión de sectores populares (erradicación de villas y liberalización de los alquileres). Se buscaba perfilar la ciudad como residencial y de servicios, expulsando la industria, priorizando la circulación automotor e implantando una gran cantidad de espacio verde. En esta línea, Oszlak[21] señala la concepción del orden social que sostenía la dictadura, como uno de los grandes lineamientos políticos que organizaban medidas aparentemente aisladas y con diversos fines inmediatos. Antiguos proyectos pudieron se ejecutados, en tanto los sectores que históricamente los habrían frenado, habían perdido capacidad de respuesta en el contexto dictatorial.
Las diversas miradas y balances acerca del impacto de la dictadura en al ciudad se vinculan en parte con los distintos focos de interés que sostienen estos autores. Mientras Liernur[22] está interesado en historizar procesos ligados a la disciplina arquitectónica, Oszlak[23] se interesa por el desarrollo de los procesos políticos en contextos autoritarios y Silvestri y Gorelik[24] pretenden historizar para un período dado ciertos procesos urbanos y la cultura urbana asociada a ellos. Las divergencias se vinculan también, con los modos en que los diversos autores vinculan procesos sociales, políticos, económicos y urbanos y el grado de autonomía o importancia relativa que se le da a cada uno. Así, Silvestri y Liernur[25] resaltan fuertemente las relaciones ambiguas y tangenciales de los procesos políticos y las formas arquitectónicas, cuestionando la supeditación lineal de hechos urbanos a cambios políticos y económicos, mientras que Torres[26] (2006) destaca el carácter estrecho e interactivo de la relación entre procesos de estructuración espacial y los procesos económicos, sociales y políticos. Las fuentes de análisis de los distintos autores también dan cuenta de los diversos enfoques[27].
A pesar de ciertas divergencias respecto a las periodizaciones o puntos de inflexión, existe un acuerdo generalizado en señalar a la dictadura como un período de cambio, sea en tanto culminación de las características dominantes de un período anterior o en tanto inauguración de elementos novedosos. Si bien abordan diversas dimensiones del período, y enfatizan en algunos casos los elementos de continuidad con lógicas previas y en otros con lógicas que la sucedieron, estos autores se alejan de aquellas miradas que ven en la dictadura un régimen ajeno al entramado histórico político argentino. En los temas urbanos, así como en las políticas económicas la dictadura se inserta en las tradiciones locales retomando planes y proyectos previos, repitiendo diagnósticos previos, pero también sintonizando con el nuevo contexto político ideológico y las demandas sociales que la sostenían, particularmente la idea de orden y la capacidad de aplastar las oposiciones o divergencias. Esta inserción del proceso en la trama de la historia argentina implica también el alejamiento de aquellas miradas que ven en las obras e intervenciones del período de la dictadura un cierto lenguaje arquitectónico, ligado a la represión y al control, dislocando estas obras de sus propias tradiciones.
Existe otro punto de acuerdo ligado a la capacidad del proceso de materializar una gran cantidad de proyectos. En términos de los propios actores involucrados y en términos de los análisis del período, se privilegiaba la intervención por sobre la proyección o planificación. Las muchas concreciones del período, se vinculan no sólo con esta perspectiva sobre lo urbano, sino con el socavamiento de las posibles oposiciones. Como veremos más adelante, vinculada a esta perspectiva que privilegia el hacer, está la búsqueda de introducir cambios drásticos e irreversibles en el espacio urbano, que venían a solucionar problemas de vieja data[28]. Por último, como dijéramos con anterioridad, son varios los autores que coinciden en señalar el cambio de concepción respecto al espacio urbano, la ambición de una ciudad ordenada y jerarquizada por parte de la dictadura.
El impacto de la dictadura en la ciudad
El proceso a nivel municipal. Los primeros pasos
La gestión de Cacciatore[29] desarrolló muchísimas intervenciones de fuerte impacto en la Ciudad de Buenos Aires en términos físicos, sociales y económicos. Sus primeras medidas se ligaron a la “racionalización” del Municipio, es decir, la cesantía y remoción de miles de empleados municipales y su reorganización administrativa y el ordenamiento del presupuesto municipal, que hasta ese entonces dependía casi en su totalidad de los aportes del Tesoro Nacional. También las primeras acciones se caracterizaron en términos de Oszlak[30] por un sesgo “ordenancista” (limpieza y reparación de calles, blanqueo de frentes, etc.). Este autor sostiene, que los primeros éxitos de la gestión municipal implicaron que el gobierno nacional le otorgara un cheque en blanco a la Municipalidad durante un tiempo que se tradujo en apoyo político y financiero del gobierno nacional a las obras faraónicas que se iniciarían en los primeros años de la gestión. A su vez, la sintonía de Cacciatore con Harguindeguy, de quien dependía funcionalmente, lo colocaba en una posición de privilegio, en tanto se asoció al núcleo estable del proceso conformado por Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz[31]. La continuidad de Cacciatore en el cargo hasta marzo 1982, es decir, por seis años completos, y su supervivencia a los cambios de gobierno que se dieron en la Junta Militar, da cuenta de la confianza y complacencia para con su gestión.
Las primeras medidas, como la limpieza de frentes de edificios públicos y privados, la reparación de aceras, la prohibición de venta de productos en las vías públicas, pusieron de manifiesto ciertos lineamientos del régimen que luego cobrarían más sentido: el cuidado higiénico y estético y la búsqueda de orden. La racionalización administrativa de la Municipalidad (propugnada desde el Ministerio de Economía hacia todas las reparticiones estatales y facilitada por la Ley de Prescindibilidad sancionada a nivel nacional), supuso la prohibición de horas extras, la cesantía de miles de empleados municipales, y la reorganización de las funciones administrativas. En el aspecto presupuestario, también incentivado desde el Ministerio de Economía, se sancionó el decreto 1.690, de racionalización de los gastos e inversiones, que implicaba la restricción de los gastos municipales a los estrictamente necesarios, la prohibición de una serie de actividades o su permiso sólo bajo autorización expresa de los responsables.
Rápidamente, también, el intendente comenzó a aumentar las fuentes genuinas de financiamiento de la Municipalidad, a través de un revalúo fiscal inmobiliario llevado adelante desde la Secretaría de Obras Públicas, aumento de las multas por infracciones de tránsito y contravenciones, aumento en las cuotas de adquisición de viviendas en conjuntos construidos por la Municipalidad y el arancelamiento de servicios que antes se prestaban de modo gratuito entre otros mecanismos. Todas las primeras obras de limpieza, orden y repavimentación así como el diagnóstico acerca de la situación de la Municipalidad y la racionalización administrativafueron efusivamente aprobadas por amplios sectores de la población afines al régimen.
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