La gestión de Avellaneda continuó con las políticas de promoción de la inmigración europea, el adoctrinamiento educativo y la consolidación de las instituciones nacionales, al tiempo que se llevaron adelante diversas iniciativas para ocupar efectivamente territorios en litigio con Chile. En 1878, la Expedición Py (Le debe su nombre al Coronel Luis Py, quien estuvo a cargo de esta) aseguró el control de los territorios al Sur del Río Santa Cruz y, un año después, en 1879, el Coronel Roca despojó a los pobladores nativos de millones de hectáreas en la llanura pampeana, en el marco de una expedición genocida. Las tierras fueron distribuidas en pocas manos, entre lo más selecto de la oligarquía argentina y algunos bonistas del norte de Europa. Algunos años después, metodología similar se aplicaría en el Noroeste argentino, para asegurar el dominio de los territorios del Chaco.
La presidencia de Avellaneda se cerró, en 1880, con una nueva revolución porteña, liderada por el Gobernador Carlos Tejedor, acción preventiva ante el inminente desenlace del proceso que habría de despojar a la Provincia de Buenos Aires de su ciudad principal, para convertirla en Capital Federal. La derrota de las fuerzas porteñas permitió comprobar que ya no existía en el territorio argentino ninguna institución pública capaz de confrontar con el Estado Nacional. Inmediatamente, Roca fue premiado con la presidencia nacional, en recompensa a los servicios prestados a esa oligarquía que se enriquecía a paso acelerado. Roca demostró una singular capacidad para el ejercicio del liderazgo político durante el primer cuarto del siguiente siglo, y bajo su conducción se organizó una alianza política de dimensiones nacionales. El PAN (Partido Autonomista Nacional) monopolizó prácticamente las instituciones políticas, recurriendo al fraude, al tráfico de influencias y al ejercicio –o amenaza de ejercicio– de la violencia explícita. [1]
El PAN fue un partido de Estado que consiguió capear las conmociones internas generadas por la corrupción de la política financiera –presidencia de Miguel Juárez Celman (1886-1890), las revoluciones de 1880, 1893, 1895 y 1905, las huelgas obreras y las crisis de 1890.
Con el régimen oligárquico, vigente entre 1880 y 1912, el modelo agroexportador dependiente alcanzó su versión más acabada. (Botana, 1976). La pampa húmeda se especializó en la producción de carne vacuna y cereales, la inmigración se multiplicó, el adoctrinamiento educativo alcanzó su cenit a partir de la sanción de la Ley 1420, y la concentración de la riqueza y saqueo de nuestros recursos adquirieron una matriz exponencial. Sin embargo, por debajo del aparente éxito de la alianza colonial sellada por esa voraz oligarquía se acumulaban tensiones, que impulsarían cambios políticos y sociales significativos en las décadas siguientes, una vez que las medidas de coacción directa aplicadas por la élite dirigente comenzaron a demostrar sus limitaciones para poner freno a los procesos de cambio social.
La economía
En la segunda mitad del Siglo XIX, las exportaciones constituyeron el motor de un crecimiento económico desigual y regionalizado en nuestro país, consecuencia natural de la adopción de un modelo agroexportador dependiente. La disminución abrupta de los fletes fue la contribución de las economías imperiales a la consolidación del modelo capitalista de División Internacional del Trabajo, [2] que asignó a las economías industriales la parte del león en el reparto de la riqueza internacional, condenando al resto a la producción de bienes primarios –alimentos, minerales y materias prima–, de bajo precio en el mercado mundial y sin valor agregado.
En el caso argentino, es posible distinguir dos grandes etapas en la segunda mitad del Siglo XIX. Hasta 1879 predominaron las exportaciones de lana, cuero y carne salada. A partir de entonces, y hasta 1914, el maíz y el lino pasaron a jugar un papel mucho más protagónico. Hacia el fin de esta etapa, también el trigo y la carne congelada pasaron a ocupar posiciones de privilegio. (Ortíz, 1955) (Gerchunoff y Llach, 1998).
El proceso de construcción de la dependencia argentina, según lo demostrado precozmente por Raúl Scalabrini Ortíz (1936) fue propiciado por la llegada de bienes y servicios –sobre todo ferrocarriles, telégrafos y nuevo puerto porteño–, que crearon las condiciones adecuadas para la incorporación de nuevas tierras, mano de obra y capital al circuito internacional. El Estado Nacional se mostró prescindente al momento de fijar límites a los poderes fácticos del mercado, poniéndose en cambio disciplinadamente a su servicio al momento de endeudarse, reprimir las demandas sociales o distribuir el costo de las inversiones dentro del conjunto de la sociedad, a través de la aplicación de impuestos al consumo. De este modo, los límites entre el mercado interno e internacional eran borrosos, hasta prácticamente desaparecer en el marco del pacto colonial.
Los capitales extranjeros y la oligarquía terrateniente fueron los principales beneficiarios del proceso de acelerada expansión registrado hasta 1914. (Giberti, 1974). Ya para 1880, las mejores tierras de la pampa húmeda habían sido apropiadas por esa oligarquía, verificándose una formidable concentración de la tierra. Los excedentes generados por la actividad económica eran concentrados en pocas manos, y se aplicaban a la reinversión en ferrocarriles, tierras, algunos talleres, propiedades suntuarias y títulos públicos así como al gasto improductivo hacia el cual esta oligarquía demostró proverbial dedicación. En cuanto a las inversiones extranjeras, el principal rubro eran los ferrocarriles, donde el 60% era de origen británico. Los capitales y la tecnología extranjera tenían papel cuasi excluyente en frigoríficos, buques refrigeradores, plantas eléctricas y obras públicas. La actividad de talleres e industrias, con un uso extensivo de mano de obra, se multiplicó entre 1880 y 1913 aunque sin motivar iniciativas serias de inversión en tecnología y equipamiento.
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