Presidentes Argentinos - Raúl Alfonsín

Ciudad en dictadura - Parte 10

Al mismo tiempo que se desarrollaban estas grandes obras y se consolidaba el entramado de empresas ligadas a la obra pública, los discursos de austeridad y achicamiento del estado implicaban cercenamientos en la planta estatal por medio de cesantías y racionalizaciones.

Respecto a la selección de arquitectos, el período se caracterizó por la adjudicación directa y la no realización de concursos de proyectos, salvo algunas excepciones. En el caso de la Municipalidad de Buenos Aires, a pesar de la gran cantidad de obras realizadas, no se realizó ningún concurso de proyectos. La adjudicación directa de las obras implicó una alta cuota de arbitrariedad, y la concentración de muchas obras en las manos de unos pocos estudios. Así, el estudio Serra : Valera se encargó de gran cantidad de plazas del período, Raña Veloso, Álvarez Foster participó de varias plazas, la construcción de escuelas y refacción de hospitales, Kocourek de varios parques, de las escuelas municipales y también de la refacción de hospitales y Antonini, Schon, Zemborain S.R.L. participaron también del plan de escuelas, la refacción de hospitales, el proyecto de prolongación y soterramiento parcial de la 9 de Julio, el proyecto de renovación del Área Retiro (estos últimos dos no realizados) y estaciones de transferencia del CEAMSE.

A su vez, respecto al lenguaje arquitectónico en las obras del período, podemos afirmar que “no supusieron un lenguaje específico. Las había ingenierilmentefuncionales, como las autopistas, aggiornadamente racionales, como las escuelas (…); otras, como el Centro Cultural Recoleta, llevaron al paroxismo (…) las desprejuiciadas vertientes pop de las costa oeste norteamericana; mientras que algunas de las plazas sobrerrepresentaban las líneas historicistas italianas, de aire clasicizante. Resultaría así vano leer directamente significados políticos en el lenguaje de las formas específicas adoptadas en estas intervenciones.”[69]. Más allá de la vinculación que algunos autores realizaban entre ciertas características del diseño de las obras y el contexto represivo, la variedad de lenguajes arquitectónicos daba cuentas de lógicas propias de la disciplina más que de directivas gubernamentales. Esto no quita que hubiera características comunes en el modo de decidir e implementar estas obras. Así, las decisiones fueron tomadas velozmente y al interior de un grupo reducido, sin realizar estudios previos, pero retomando en la mayoría de los casos antiguos proyectos y planes. En cuanto a la implementación, las obras se caracterizaron por la exigencia de tiempos veloces de ejecución, costos excesivos por la falta de control, regulación o topes, la concentración de las mismas en las manos de pocas empresas constructoras y pocos arquitectos y la privatización periférica de cuanto se pudiera. En sus efectos, se buscaba que estas intervenciones fueran drásticas, irreversibles, individualizantes y fuertemente restrictivas respecto a los modos de transitar, practicar y habitar el espacio urbano. En la gran mayoría de los casos, tanto en las intervenciones del gobierno nacional como de la gestión municipal, nunca llegó a conocerse el costo final de las obras.

Sin lugar a dudas, la cuestión que atraviesa las intervenciones realizadas y las reglamentaciones sancionadas se vincula con la búsqueda de orden[70]. Así, se reglamentaron y restringieron severamente usos y modos de habitar tradicionales de la ciudad, como la venta ambulante, la presencia de ferias, las villas, los alquileres protegidos, el cirujeo, que en última instancia implicaron el desplazamiento de amplias capas de sectores populares fuera de la ciudad de Buenos Aires. La búsqueda de orden social y urbano se vinculaba a la implantación de valores estéticos, morales y de higiene que excluían a amplios sectores de la población. Vinculado a esto, Oszlak señala la jerarquización del espacio urbano de Buenos Aires buscado explícitamente por el gobierno militar. Esta búsqueda de jerarquización de la ciudad se vio con claridad en el modus operandi de la Municipalidad respecto a varios problemas, desplazando aquello indeseable por fuera de los límites de la capital. Así sucedió con la población villera, los residuos, las industrias contaminantes y otras actividades económicas que fueron prohibidas en la ciudad. Esto implicó en ocasiones conflictos con funcionarios nacionales, provinciales y municipales, particularmente en los casos en que las decisiones se tomaron de modo subrepticio al interior de la Municipalidad. El arancelamiento de varios servicios antes prestados gratuitamente por la Municipalidad también abonó en este sentido. A su vez, el Código de Planeamiento de 1977 fue inicialmente pensado en el marco de un Plan Director que abarcaba el área metropolitana. Su sanción en la ciudad de Buenos Aires marcó otro contraste entre una ciudad hiper normatizada y encarecida y un entorno que debía absorber los restos que emanaba la ciudad. La jerarquización de la ciudad también se advierte por parte del gobierno nacional, no sólo por apoyar financiera y políticamente las faraónicas obras encaradas por Cacciatore sino también por utilizarla como vidriera preferencial al exterior al momento del Mundial ’78. El beneplácito con las obras desarrolladas durante la gestión de Cacciatore, articulado con la importancia estratégica otorgada a la ciudad capital confluyeron para posicionar a la gestión municipal como uno de los escasoséxitos del proceso[71].

Por último, repasando el sentido de estas intervenciones sobre la ciudad, nos encontramos con un conjunto ecléctico. La dictadura se caracterizó por conjugar lineamientos que continuaban con el período expansivo y otros elementos que se insertaban en los lineamientos posexpansivos, aspectos que en alguna medida podrían considerarse contradictorios[72]. Así, como señaláramos anteriormente muchas de las iniciativas de Cacciatore se encuadran en la tradición modernizadora – planificadora, retomando planes y proyectos previos: el código de planeamiento, la zonificación, la construcción de autopistas, la construcción de escuelas y espacios verdes. Al mismo tiempo, muchas políticas con efectos urbanos se vinculaban, por el contrario, con el decaimiento de ese ciclo expansivo: los procesos de desindustralización de la ciudad, las políticas económicas de desincentivo a la actividad industrial y crecimiento del sector terciario, la consideración de la ciudad por fuera de una análisis territorial más amplio, el énfasis en la ciudad como espacio residencial para los sectores de mayores ingresos y la consiguiente expulsión de sectores populares a través de mecanismos diversos, la protección ambiental y las normas de preservación patrimonial.

La diversidad de los procesos urbanos llevados adelante por la dictadura militar, sostenidos por miradas distintas y en ocasiones contradictorias en torno a la ciudad, se vincula con varias cuestiones. Por un lado, la heterogeneidad que caracterizó al gobierno de la última dictadura militar en tanto en su interior convivían funcionarios de diversas ideologías y tradiciones, así, “muy lejos de encarnar un poder monolítico, la alianza cívico-militar que encabezó el Proceso fue un conjunto heterogéneo y conflictivo”[73]. Es importante destacar que, como en cualquier otro gobierno, la dictadura se conformaba por pensamientos heterogéneos, con fuertes contradicciones internas y pujas por la toma de decisiones. Esta característica se manifiesta también en las decisiones en torno a la ciudad. A su vez, para el tema específico de los procesos urbanos, es importante considerar las temporalidades extensas de ciertos procesos que involucran a la ciudad: “(…) la ciudad, por su carácter de artefacto material, somete a las dimensiones sociales, políticas y culturales a la prueba de la larga duración (…)”[74] Los proyectos urbanos, los reglamentos que rigen el funcionamiento y los usos del espacio, la disposición física de la ciudad son elementos que exigen un período de tiempo muy extenso para poder modificarse. En este sentido se encuadran los vínculos de la dictadura con tradiciones que la precedían.

Lo que quizá sí represente una marca propia de la dictadura fue la capacidad de concretar numerosas obras de carácter faraónico en la ciudad. Esto se vincula con el contexto dictatorial como facilitador para llevar adelante procesos políticos complejos, de gran magnitud, en tanto se eludían los consensos imprescindibles en un régimen democrático, y se anulaban oposiciones que en otras coyunturas políticas habrían tenido mayor peso, poder y voz. Esto se relaciona a su vez, con una fuerte voluntad de acción transformadora respecto al espacio urbano, voluntad que priorizaba las obras concretas por sobre los planes a largo plazo[75]. Además, las intervenciones buscaban tener impactos drásticos e irreversibles. Como dijéramos anteriormente, las intervenciones urbanas se articulaban de forma coherente con una búsqueda más profunda y general del gobierno dictatorial; la búsqueda del orden.

Notas

[1] La última dictadura militar argentina se inició con el golpe de estado del 24 de Marzo de 1976 y finalizó el 10 de Diciembre de 1983, cuando asumió nuevamente un gobierno democrático. Fue el régimen más sangriento que gobernó la Argentina, cercenando fuertemente los derechos políticos y civiles y dejando un saldo de 30.000 detenidos desaparecidos. 

[2] Canelo, 2008.

[3] Canelo 2008.

[4] Quiroga, 2004, p. 83.

[5] En términos de Torres (2006), se trata de políticas urbanas implícitas, aquellas políticas que no están formuladas con fines urbanos pero que tienen gran impacto sobre la ciudad.

[6] Quiroga, 2004; Vezzeti, 2002; Palermo y Novaro, 2002.

[7] Canelo, 2008 p. 16.

[8] Vezzetti 2002.

[9] Quiroga 2004.

[10] Pando et al., 2004; Novick, 2003.

[11] Jajamovich, 2009.

[12] Torres, 2006.

[13] Torres, 2006, p. 35.

[14] Liernur, 2008.

[15] Silvestri y Gorelik, 2000.

[16] Liernur, 2001.

[17] Oszlak, 1991; Silvestri y Gorelik, 2000 y Liernur 2001.

[18] Pando et al, 2004.

[19] Domiguez Roca, 2005.

[20] Oszlak, 1982; 1991.

[21] Oszlak, 1991.

[22] Liernur, 2001.

[23] Oszlak, 1991.

[24] Silvestri y Gorelik, 2000.

[25] Silvestri, 2002 y Liernur, 2001.

[26] Torres, 2006.

[27] Para ejemplificar, si en el caso de Torres (2006) se analizan los censos de población, en el caso de Liernur (2001) se analizarán detenidamente las obras de arquitectura y Domínguez Roca (2005) se concentrará en los planes urbanos para Buenos Aires, particularmente respecto al transporte.

[28] Oszlak, 1991.

[29] Osvaldo Cacciatore fue el Intendente de facto de la Municipalidad de Buenos Aires entre el 2 de Abril de 1976 y 31 de Marzo 1982. Perteneciente a la aviación militar, participó en 1951 del intento de golpe liderado por Menéndez y en el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955. A lo largo del texto analizaré las obras principales que durante su intendencia se realizaron en la ciudad. Lo sucedió en el cargo el Dr. Del Cioppo, quien había estado previamente a cargo de la Comisión Municipal de la Vivienda, organismo que tuvo como dudoso mérito llevar adelante la violenta erradicación de villas de emergencia. Del Cioppo era abogado y había participado previamente en la gestión municipal del Brigadier Aguirre, en 1970. Permaneció a cargo de la Municipalidad desde el 31 de Marzo de 1982 hasta el retorno democrático, el 10 de Diciembre de 1983.

[30] Oszlak, 1991.

[31] Canelo (2008) se refiere al “núcleo estable” del Proceso, conformado por Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz, Presidente, Ministro de Interior y Ministro de Economía del proceso entre 1976 y 1981.

[32] Resulta complejo realizar un punteo de grandes reglamentaciones o intervenciones respetando tanto la lógica temporal como la lógica temática. En este texto se optará por seguir la lógica temática, lo cuál implica no respetar la estrictamente el orden temporal de los acontecimientos y trabajar separadamente intervenciones que en la mayoría de los casos se dieron de modo simultáneo.

[33] El Código de Planeamiento formulado en 1973 pero no sancionado fue elaborado como instrumento legal del Plan Director publicado en 1962. Las preocupaciones y normas plasmadas en este Código se hallaban en sintonía con varios de los lineamientos del Plan Director, que buscaba equilibrar la distribución espacial de la población y de las actividades urbanas a partir del zonning y de intervenciones inductistas (Novick, 2004).

[34] El Factor de Ocupación Total (FOT) indica la cantidad de metros cuadrados que es posible construir en relación al terreno. En un terreno de 50 m2, si el FOT es de 2 se podrán construir 100 m2.

[35] Moscato, 1984.

[36] Dujovne, 1989.

[37] Pucciarelli 2004a

[38] Municipalidad de Buenos Aires, 1974; 1979; 1980; 1982.

[39] Oszlak, 1991, p. 52.

[40] Gandolfi y Silvestri, 2004

[41] Oszlak, 1991.

[42] Gandolfi y Silvestri, 2004.

[43] Rapoport, 2000.

[44] Oszlak, 1991.

[45] Oszlak, 1991.

[46] Las villas de emergencia son asentamientos informales característicos de la ciudad de Buenos Aires.

[47] Oszlak, 1991.

[48] Dunowicz, 2000.

[49] Parque Alberdi (Polideportivo Alberdi), Parque de la Ciudad, Parque Roca, Parque Sarmiento, Parque Belgrano, Parque Jorge Newbery, Parque Norte, Plaza Pomar (Polideportivo Chivilcoy) ; Plaza Ciudad de Údine, Plaza San Miguel de Garicoits, Plaza Ramón Falcón, Plaza Aramburu, Plaza Lonardi, Plaza Houssay, Plaza Msñr. de Andrea, Plaza San Nicolás, Plaza Sargento Juan Bautista Cabral, Plaza Campaña del Desierto, Plaza de los Colegiales, Paseo Olleros, Plazoletas Lola Mora, Cecilia Grierson, Rosario Vera Peñaloza.

[50] Summa, 1977.

[51] El tema de la gran cantidad de obras con adjudicación directa durante ese período fue señalado por Liernur (2001) y Silvestri y Gorelik (2001) en tanto esto implicó el socavamiento del concurso como principal mecanismo de asignación de obras por parte del estado. Si bien muchas grandes obras se licitaban, la Municipalidad no convocó a ningún concurso de proyectos arquitectónicos en toda la gestión de la dictadura.

[52] Rapoport y Seoane, 2007.

[53] Schvarzer (1983) describe la privatización periférica como una privatización parcial de actividades y servicios de los que antes se encargaba algún ente público. Se cede por medio de algún contrato o concesión específica ciertas tareas de las que antes se encargaba el estado. Por ejemplo, en el caso de la conformación del CEAMSE, varias de las tareas que antes desarrollaba la Municipalidad (como la recolección de residuos y su disposición final) son cedidas a privados, mientras que las tareas de control y supervisión siguen a cargo del ente público. Según este autor, los procesos de privatización periférica constituyeron el aspecto más relevante y exitoso de los diversos procesos de privatización encarados en el período.

[54] Magadan, 2003.

[55] Revista de la Sociedad Central de Arquitectos, 1983; Gandolfi y Silvestri, 2004.

[56] Revista de la Sociedad Central de Arquitectos, 1983b.

[57] Magadan, 2003.

[58] Turner, 1996.

[59] Turner, 1996

[60] Se construyeron estadios nuevos en Mar del Plata, Mendoza y Córdoba y se remodeló el estadio de Rosario Central.

[61] Para el análisis de los planes de escuela se retoman los trabajos de Ferreira (1985) y de Ferreira y Rezzoagli (1986) respecto al Plan Municipal de Escuelas ya que resultan un insumo fundamental para reconstruir las características del plan en tanto dan cuenta de las características del mismo, la ubicación y características de las escuelas construidas, los costos de obra y los lineamientos de los proyectistas y director de obra.

[62] Pineau, Mariño, Arata y Mercado, 2006.  

[63] Ferreira y Rezzoagli, 1986

[64] Schmidt, 2004.

[65] Cacciatore, 1993.

[66] Silvestri y Gorelik, 2000.

[67] Cacciatore, 1993, p. 132.

[68] Guillermo Laura fue el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Buenos Aires entre 1976 y 1981. En 1970 había publicado “La Ciudad Arterial”, libro que plasmaba su visión de una ciudad conectada por autopistas. En 1974 publicó “El cinturón ecológico”, otro proyecto que se materializa con posterioridad, cuando ocupara el cargo de Secretario de Obras Públicas de la ciudad durante el gobierno dictatorial. Cobra alta visibilidad porque fue el gestor de algunas de las ideas más controvertidas que llevó adelante la gestión de Cacciatore: las autopistas y el cinturón ecológico.

[69] Silvestri y Gorelik, 2000: 469.

[70] Oszlak, 1991; 1983.

[71] Oszlak, 1991.

[72] Pando et al, 2004 y Domínguez Roca, 2005.

[73] Canelo, 2008b: 17.

[74] Silvestri y Gorelik, 2000, p. 461.

[75] Domínguez Roca, 2005.

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-429.htm

Ciudad en dictadura - Parte 9

El presupuesto de la Municipalidad se alimentaba, en ese momento por los impuestos de Ingresos Brutos, ABL, patentes y la Coparticipación Federal. La gestión Cacciatore se encargó de reducir los gastos en personal de manera drástica (reduciendo la planta en general y al personal jerarquizado en particular) y se encargó también, como lo mencionáramos anteriormente, de aumentar de modo sideral los impuestos. La reducción de los gastos en personal, se compensó en parte contratando empresas privadas para ciertas obras y servicios. Por otra parte, las obras faraónicas encaradas por esta gestión como las autopistas y el Parque Interama fueron licitadas a privados, autorizando que éstos se endeuden con avales del Gobierno Nacional. Es decir, muchas de las obras públicas encaradas por la comuna en el período se convirtieron posteriormente en deuda externa. A su vez, la comuna también accedió a préstamos diversos para llevar adelante otras obras, lo cual implicó comprometer el futuro de los gastos municipales.

A partir de 1981 se suspendió la Coparticipación Federal de la ciudad de Buenos Aires, ya que esta coparticipación funcionaba como garantía de los avales otorgados por el Estado Nacional para la construcción de las autopistas y de Interama.

A su vez, la idea de que los privados participen en el desarrollo de la ciudad al tiempo que se reducía la participación estatal y se conseguía financiamiento confluyó a nivel municipal produciéndose varios intentos de venta de terrenos a privados, aunque en muchas oportunidades estas ventas a privados no se concretaron por falta de interesados.

Algunas reflexiones para concluir

Un primer comentario a partir de las intervenciones y reglamentaciones repasadas, apunta a ciertos indicios que hacen a la concepción de ciudad de la gestión municipal y de la gestión nacional. En primer lugar, el diagnóstico y balance que hicieron las autoridades de la dictadura al asumir fue muy negativo en todas las áreas de intervención resaltando el exceso de planes en contraste con pocas obras. En este sentido se encuadra la absoluta priorización de la obra por sobre el plan, el proyecto o la mera discusión de una idea. Lo más importante era hacer. Así, la gran mayoría de las obras encaradas, salvo contadas excepciones, habían sido planteadas previamente. Si bien con matices y diferencias (en algunos casos, centrales) Cacciatore remontaba el origen de sus proyectos a planes y proyectos previos, de décadas anteriores, o incluso, en algunos casos, del siglo anterior. Esa era una de las justificaciones a la hora de realizar alguna obra, ya había sido prevista hace mucho, y nunca se realizó. Desde ya que esto implicó la realización de un repertorio bastante ecléctico de obras propuestas en otros marcos históricos, políticos e institucionales, y sobre todo, en otros contextos de sentido respecto a las discusiones sobre lo deseable en términos urbanos. Así, por ejemplo un Código de Planeamiento que proviene del Plan Director de 1962 que incorpora un plan de autopistas absolutamente incongruente con lo planteado y diagnosticado por ese mismo plan, ensanches de calles previstos a principios de siglo que se materializan en 1978, con una obvia diferencia en cuanto al tejido urbano a modificar, erradicación de villas de emergencia, política que se remontaba a décadas anteriores y a 1967 con el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia pero que a diferencia de este no suponía la oferta de una solución habitacional y se llevaba adelante cuando ya desde 1974, el Plan Alborada proponía la transformación de las villas en lugar de su erradicación. La idea de que se estaban materializando viejos programas y proyectos, junto con el argumento de losinformes técnicos que solían llegar con posterioridad a la decisión política y ya en marcha de una obra y el argumento del sentido común solían ser los tres justificativos inapelables para cualquier obra. Desde ya que esto suponía que las intervenciones urbanas, las obras y reglamentaciones eran elementos neutros y desideologizados.

En congruencia con esta mirada, los diagnósticos acerca de la realidad urbana que inspiraron las distintas obras del período estaban en ocasiones seriamente desfasados. Así, por ejemplo, el Plan de Autopistas se inspiró en el libro del Secretario de Obras Públicas Guillermo Laura[68], “La ciudad arterial” de 1970, que a su vez se basó en los proyectos del padre de Laura publicados entre 1950 y 1965. Según afirma Guillermo Laura en su libro, la ciudad de Buenos Aires tendría para el año 2000 catorce millones de habitantes. Si bien el libro es de 1970, ya en ese entonces, la ciudad de Buenos Aires llevaba más de 20 años de estancamiento su población, que no superaba los tres millones de habitantes. El diagnóstico de Laura se vinculaba a una ciudad en plena expansión y crecimiento que ya no se ajustaba a la realidad de Buenos Aires en 1970, y menos aún en 1977.

A su vez, esta confianza ciega puesta en la realización de obras, articulada con el contexto de un gobierno militar implicaba el absoluto desprecio por los posibles perjudicados por el desarrollo de las obras y la impermeabilidad ante cualquier crítica que pudiera realizarse, sin importar el origen o grado de conocimiento o calificación de quienes las formulaban. En términos de Oszlak, se consideraba que se obtendría el consenso a partir de la acción. Si bien esta fue una característica general del régimen militar, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se caracterizó por exacerbarla a la hora de realizar sus obras generando severos conflictos con los Municipios del entorno metropolitano y con integrantes del gobierno provincial.

Así como el gobierno nacional estaba atravesado por cierta tensión entre una política económica liberal que pretendía restringir los gastos y achicar el estado, con un discurso eficientista y aperturista y ciertos sectores que pretendían sostener un importante entramado de empresas y actores que requerían prebendas e inversión pública, esta tensión se puede rastrear también en las intervenciones en la ciudad de Buenos Aires. Así, se ejecutaron enormes obras de infraestructura, que implicaban la inversión de grandes sumas y favorecían a un pequeño entramado de empresas que se alimentaban de la obra pública y la valorización financiera, a partir de negociados con deuda externa como en el caso de las autopistas y de Interama. Siguiendo el principio de subsidiaridad del estado, se privatizaban algunos servicios, se arancelaban otros y se tercerizaban obras y servicios varios. Las licitaciones para grandes obras solían implicar que el estado (municipal o nacional, según el caso) garantice un mínimo de beneficios, avale las deudas contraídas por las empresas y otorgue la explotación de los servicios y obras por extensos períodos. Las intervenciones en la ciudad de Buenos Aires también contribuyeron a la conformación de un pequeño grupo beneficiario de muchas obras. Estas empresas solían tener una extensa trayectoria en construcción, pero se consolidan y diversifican en este período, favorecidas por las medidas económicas instrumentadas y vinculadas con el complejo económico estatal, conformándose en grupos económicos diversificados, que accedían a obras y servicios de todo tipo en todo el país beneficiándose particularmente de las privatizaciones periféricas desarrolladas en el período. Así, por nombrar algunos casos emblemáticos, a Petersen, Thiele y Cruz SA se le otorgó la construcción de Parque Roca, ATC, el Estadio de Mendoza, las refacciones en los Hospitales Fernández y Argerich entre otras obras de importancia. A nivel nacional, conformando consorcios con otras grandes empresas, o de manera independiente participaba de grandes obras. La empresa Benito Roggio e hijos también participó de la construcción de ATC, el estadio de Córdoba y las privatizaciones periféricas del CEAMSE (conformando CLIBA y Tecsan, iniciando su proceso de diversificación) y a nivel nacional construyó en 1978 la autopista de circunvalación en Córdoba, el dique Piedras Moras entre muchas otras obras.

Ciudad en dictadura - Parte 8

Se construyeron 38 escuelas con un costo de entre 1000 y 1500 dólares el metro cuadrado, incluyendo el equipamiento escolar. El costo fue muy alto en comparación con los precios internacionales, sin embargo se dio en un contexto de dólar particularmente bajo. La Municipalidad no puso tope al costo de las obras, lo que implicó que se utilizaran en ocasiones materiales caros e innecesarios. Los terrenos donde se ubicaron las escuelas fueron elegidos por la Municipalidad, siguiendo criterios de disponibilidad. Sin embargo, resulta muy sugerente que la mayor parte de las escuelas se ubicaran en barrios de sectores medios y altos[63].

La construcción de escuelas terminó siendo una de las obras menos cuestionadas del período de la dictadura. En primer lugar por ser equipamiento siempre necesario en tanto responde a necesidades sociales, en segundo término, por la calidad de los diseños y los estudios de primera línea involucrados en los proyectos, constituyendo un conjunto de escuelas de alta calidad[64]. Sin embargo, se repitieron algunas cuestiones propias del estilo de gestión municipal del período: la exclusión de la participación de los actores más involucrados en la toma de decisiones, costos excesivos de las obras sin control alguno por parte de la municipalidad, falta de diagnóstico y registro de las necesidades específicas a atender (por ejemplo, estudiando la distribución de escuelas en la capital e identificando zonas de vacancia), inequitativa distribución de los recursos entre los diversos sectores sociales, privilegiando aquellas zonas de sectores medios y altos y desatendiendo las zonas más pobres, tiempos apresurados para el diseño de los proyectos y ejecución de las obras, lo que supuso muchas fallas.

Otro equipamiento de importancia, fue la creación de un Mercado Central de abasto de frutas, verduras y carnes para todo el conglomerado metropolitano, que era un proyecto que preexistía al gobierno dictatorial. La idea era centralizar en un solo lugar la oferta y la demanda en un mercado de libre acceso, con el fin de transparentar las operaciones, mejorar los precios eliminando intermediaciones, facilitar el control y reemplazar los varios mercados que existían en el área metropolitana entre otras cuestiones. Para el caso de la capital, se buscaba eliminar al Mercado de Abasto a partir de la inauguración del nuevo Mercado Central en Tapiales (Provincia de Buenos Aires).

Otra medida ligada a la reorganización y reglamentación de los mercados fue la internación de la gran mayoría de las Ferias Francas y la clausura de otras. Se buscaba que no hubiera ferias en las calles, salvo aquellas artesanales que pudieran resultar atractivas para los turistas. Cacciatore consideraba que las ferias resultaban molestas por los ruidos, olores y la suciedad que causaban, además de las molestias al tránsito y la degradación estética del área. Las ferias fueron trasladadas a lo largo de 1977, a predios pertenecientes a la Municipalidad o que dependían de algún modo de ésta, aplicando el principio de subsidiaridad del estado, incentivando la participación privada[65]. La Municipalidad cedía terrenos o predios y los feriantes debían conformar algún tipo de cooperativa y construir, ellos mismo, un centro de abastecimiento o un mercado. Las ferias que no se adaptaran a las nuevas circunstancias fueron clausuradas. También se prohibieron los carros y puestos de venta individuales de verduras y frutas, por los mismos motivos estéticos e higiénicos.

Siguiendo con los grandes equipamientos, en el período se construyó la Terminal de ómnibus de larga distancia de Retiro. La iniciativa fue de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, en el nivel nacional. Se realizó una licitación para las obras en Diciembre de 1977, pero la concesión de obra recién se realizó en 1979, debiendo la empresa construir, explotar y mantener el conjunto por 12 años a partir del 15 de Julio de 1980. El terreno elegido era un terreno fiscal ubicado entre las Av. Antártida Argentina, Ramos Mejía y las vías del Ferrocarril San Martín, de 110.000 metros cuadrados, mientras que la superficie cubierta sería de un poco menos de 40.000 metros cuadrados. La empresa contrató a los arquitectos proyectistas Serra Valera junto con Raúl Petrucci, quienes diseñaron el edificio. La obra se llevó adelante entre 1980 y 1982.

Otra intervención de importancia fue la creación del Centro Cultural Recoleta. Se trataba de un conjunto edilicio antiguo, que contenía en su interior segmentos construidos y restaurados en distintas épocas. Con el fin de transformarlo en Centro Cultural se restauraron algunos sectores, manteniendo la estructura arquitectónica y otros sectores se hicieron a nuevo. El proyecto es de 1979 y fue encargado a los arquitectos Bedel, Bendit y Testa, los tres muy prestigiosos, habían ganado poco tiempo antes la Bienal de San Pablo y se dedicaban no sólo a la arquitectura sino también a las artes visuales. El Centro se inauguró en diciembre de 1980. Las largas galerías, conservadas como espacios al aire libre, las terrazas jardín, las características generales de la obra y su emplazamiento la convirtieron posteriormente en un símbolo del reflorecimiento de la cultura y la vida cívica en la ciudad en el contexto del retorno democrático[66].

Por último, respecto a los hospitales, la Municipalidad tenía a su cargo la mayoría de los hospitales de la Ciudad. A partir del análisis de la situación edilicia, se consideró que algunos hospitales eran irrecuperables, y que saldría más cara su refacción que la construcción de un nuevo hospital. Así, algunos de los hospitales fueron demolidos (el caso del Hospital Salaberry, en Mataderos) o inhabilitados como hospitales y reutilizados parcialmente con otros fines, como el caso del Hospital Rawson o el Hospital Alvear. Sin embargo, no se construyeron nuevos hospitales por parte de la Municipalidad para reemplazar a los desactivados. El Hospital Nacional de Pediatría se construía por iniciativa de la Secretaría de Estado de Salud Pública Nacional, y su construcción se extendió entre 1974 y 1983. Las remodelaciones y ampliaciones de algunos hospitales fueron por encargo directo a los estudios Antonini, Schon, Zemborain S.R.L. Estudio Kocourek S.R.L.; Raña Veloso, Álvarez Forster, arquitectos y Sánchez Elia, Peralta Ramos S.C.A. (SEPRA). Inicialmente se planeó la ampliación y remodelación de varios hospitales: pero sólo se remodelaron el Fernández y el Argerich, el primero entre 1979 y 1981 y el segundo entre 1980 y 1982.

Durante el período también, se comenzó a aplicar un arancel hospitalario, reglamentado a fines de 1976. En términos de Cacciatore “La idea formaba parte de la política general adoptada en el municipio, que establecía que aquello que respondía a un servicio particular debería ser solventado por cada usuario”[67]. El mismo criterio fue aplicado a otros servicios que prestaba el municipio. La idea de aplicar un arancel no sólo tenía fines económicos, sino que pretendía ser tambiéneducativa, en tanto reforzaba la voluntad del esfuerzo personal sin pretender todo del estado. A su vez, se presentaron reclamos al Poder Ejecutivo Nacional y al Gobierno Provincial por la “carga” de pacientes de provincia que eran atendidos en hospitales municipales. En algunos casos, como en el Hospital de Geriatría “Gral. Martín Rodríguez” se exigía a los pacientes tener domicilio constituido en capital con una antigüedad mínima de seis meses para lograr ser admitidos en el Hospital.

Reestructuraciones presupuestarias ciudad – nación

Así como en 1978 se transfirieron las escuelas de la Nación a la Ciudad, lo mismo sucedió en 1979 con los subtes. El proceso descentralizador se repitió en otros servicios, organismos y funciones, como parte del principio de subsidiaridad del estado: el estado nacional le derivaba a las provincias y la municipalidad aquello que éstas podían administrar mejor y en la medida de lo posible, privatizar. Así, se transfirieron a partir del 1° de enero de 1980 los sectores de electricidad, gas natural, riego, obras sanitarias, el sistema ferroviario metropolitano de pasajeros y cargas.

Si bien la Nación le otorgó avales a la Ciudad para las autopistas y otras obras de importancia, se buscó también a partir de 1979 y particularmente de 1980, restringir los gastos. Así es que el plan de autopistas quedó trunco por problemas presupuestarios, se comenzaron a transferir servicios que antes prestaba Nación a las reparticiones provinciales y municipal como los mencionados y la atención social de la minoridad, centros asistenciales, etc. con su personal y gastos.

Ciudad en dictadura - Parte 7

La sanción de la U24 generó fuertes reacciones de diversos organismos ligados a los negocios inmobiliarios como la Cámara Inmobiliaria Argentina y el Centro de Estudios de la Propiedad. Se la acusaba de atentar contra el derecho a la propiedad y contra la inversión privada[56]. Finalmente, en 1982, como respuesta a las presiones inmobiliarias[57] se reduce el área protegida, quedando conformada por 74 manzanas.

El Mundial 78: La imagen de la ciudad

El Mundial de 1978 constituyó tempranamente una preocupación para el gobierno dictatorial[58]. El ente encargado de llevar adelante toda la organización del Mundial fue el Ente Autárquico Mundial 78 (EAM) que quedó directamente bajo la órbita de presidencia y que obtuvo trámites de excepción en materia cambiaria, aduanera, bancaria, impositiva y administrativa. Como en el caso de las autopistas, no se sabe exactamente lo gastado, pero se estima que fueron entre 500 y 700 millones de dólares en obras de refacción de estadios y aeropuertos, construcción de estadios nuevos, obras viales, infraestructura de comunicación etc. Si se considera que en el Mundial de España 82’ se gastaron aproximadamente 100 millones de dólares se pondrá de manifiesto lo exorbitante del gasto[59]. La importancia del evento radicaba, además, en que la dictadura pretendía lavar su imagen hacia el exterior (donde ya estaba siendo duramente cuestionada por las violaciones a los derechos humanos) y también reposicionarse frente a la opinión pública local, que ya sufría los embates económicos de las medidas económicas. Así, el régimen pretendía que el evento transmitiera una imagen de avance tecnológico eficiencia y modernidad.

En la Ciudad de Buenos Aires se realizaron varias obras relevantes, además de que muchas de las obras de la municipalidad, tal como analizaremos posteriormente, se ligaron al Mundial. Uno de las intervenciones más importantes fue la construcción del Centro de Producción de Televisión, proyectado por encargo directo, por los arquitectos Manteola, Sanchez Gómez, Santos, Solsona, Viñoly, con muy breves tiempos de proyecto y construcción para llegar a funcionar como centro de transmisión del Mundial por televisión blanco y negro al interior del país y color al exterior. El edificio fue considerado una gran obra de arquitectura, alabada a nivel nacional e internacional. Se emplazaba en un área de parques y el edificio pretendía respetar este entorno, por lo que se adoptó la solución del techo – plaza para dar continuidad a los parques. De esta manera, el parque continuaría sobre el techo del Centro, que funciona como plaza seca.

Otras intervenciones de importancia fueron las refacciones de estadios de fútbol. En la Ciudad de Buenos Aires se remodelaron los estadios de River Plate y de Velez Sarsfield, que fueron los seleccionados para ser estadios del Mundial 78[60]. El encargo de la remodelación de los estadios se realizó a los equipos profesionales que ya venían trabajando con esos estadios con anterioridad, mientras que para los estadios nuevos, se buscó a los estudios más prestigiosos, con antecedentes en la materia y se otorgó los proyectos en forma directa. El proyecto de refacciones del Estadio de River fue de Aslan y Ezcurra y asociados, mientras el estadio de Velez Sarsfield estuvo a cargo de Francisco Antonio Pérez y Ricardo Staricco Arqs. La Municipalidad, por su parte, cedió en forma gratuita por 20 años al Club Atlético River Plate los terrenos ubicados entre el sector norte del estadio, Av. Lugones, Av. Udaondo y Av. Saenz Valiente.

Por último, también en el contexto del Mundial se realizaron remodelaciones y ampliaciones en Aeroparque. En este caso, por la especificidad de las obras, fue la Fuerza Aérea la encargada del proyecto, que se había iniciado ya unos años antes. Posteriormente, en 1980, la Fuerza Aérea vuelve a realizar una reforma sobre el Aeropuerto, en este caso construyendo una nueva aeroestación para Aerolíneas Argentinas.

Además de las obras mencionadas se realizaron importantes obras para mejorar y ampliar los servicios de comunicaciones. Esto implicó la instalación de miles de líneas de teléfono, tendido de cables y canalizaciones subterráneas entre otras cuestiones. A las diversas obras encaradas por las múltiples reparticiones estatales se sumaron obras de capital privado, entre las que se destacaron la construcción de nuevos hoteles.

Si bien la mayor parte de la prensa tuvo una actitud celebratoria respecto a las grandes obras realizadas por el mundial, las críticas a las enormes inversiones se manifestaron tanto por parte de funcionarios ligados a la cartera económica como por parte de diversos medios de comunicación. Así, los diarios La Prensa y La Nación sacaron una serie de notas sobre los ingentes gastos realizados y las obras a realizarse, muchas veces consideradas innecesarias, onerosas y de imposible ejecución. Más allá de las obras en particular, se apuntaba a criticar la arbitrariedad de las inversiones realizadas respecto a las obras necesarias en las distintas ciudades y la falta de  justificaciones oficiales para esas obras.

La construcción de grandes equipamientos: Las escuelas municipales. 

Además de la construcción de plazas y parques, la Municipalidad inició un ambicioso plan de construcción de escuelas municipales. En 1978, por un proceso descentralizador iniciado desde el gobierno nacional, las escuelas primarias y preprimarias de la capital pasaron a depender de la Municipalidad que en 1979, emprendió el Plan Municipal “30 Escuelas” que, posteriormente, se convirtió en el plan “60 Escuelas”[61]. Se compraron terrenos con el fin de construir allí las nuevas escuelas y se reutilizaron terrenos o edificios que la Municipalidad tenía disponibles para otros fines.

El plan fue encargado mediante adjudicación directa a los estudios de arquitectura Antonini, Schon, Zemborain S.R.L., Kocourek S.R.L., Raña Veloso, Álvarez Forster Arquitectos y Sánchez Elia, Peralta Ramos (SEPRA), estudios muy renombrados al momento de la adjudicación. Esto supuso la ruptura con la tradición de construcción directa de estos establecimientos por parte del estado y abrió la puerta a la tercerización[62]. Desde la Municipalidad, se solicitaron espacios educativos totalizadores, lo que supuso la adopción elementos que lograran integrar a la escuela como un todo unificado y reconocible y la construcción de espacios que pudieran se utilizados para funciones diversas: cerramientos corredizos, aulas vidriadas, patios – taller, pizarrones articulables, espacios reconvertibles, etc. Así como sucedió con las plazas construidas en el período, algunos elementos del diseño fueron asociados a la ideología represiva de la dictadura, como el uso de paredes vidriadas como mecanismo de control.

Otra exigencia de la Municipalidad fue la elección de materiales de alta durabilidad y fácil mantenimiento que constituyeran un producto durable y flexible. Los materiales elegidos para lograr baja necesidad de mantenimiento y perdurabilidad (privilegiando además materiales y técnicas locales) fueron el ladrillo a la vista, el hormigón armado y los pisos de granito. Sin embargo, los materiales utilizados en algunos sectores de las escuelas (vidrios, equipamiento escolar recubierto en plástico, losetas flotantes) supusieron posteriores problemas de mantenimiento y baja perdurabilidad.