Entretanto, paradójicamente; el rumor sobre negociados se vierte una y otra vez en torno de operaciones de menor cuantía. Estos rumores no se concretan en denuncias ciertas, pero persisten. Buscan lesionar el prestigio del gobierno y de los hombres que lo integran.
También sería una traición inmoral a los intereses y al prestigio del país, que el gobierno hubiera aceptado cualquier compromiso político o la más insignificante claudicación de la soberanía nacional a cambio de la ayuda financiera proveniente de extranjero.
No solamente no se nos ha imputado tal traición, sino que desde algunas tribunas políticas y órganos de prensa se nos ha reprochado que fuéramos demasiado lejos en la defensa de la autodeterminación de nuestra política exterior. No se nos ha criticado por ser satélites sino por nuestra inquebrantable decisión de no serlo.
Cumple señalar a ese respecto que algunos de los que agitan el estribillo de la crisis moral del gobierno y ciertas instituciones fundamentales, son los mismos políticos que nos critican cuando nos aferramos a la suprema y fundamental norma ética de un país soberano, o sea la de conducir su política internacional conforme al derecho y a los intereses históricos de la Nación Argentina y de nuestra comunidad latinoamericana.
El levantamiento de las proscripciones
Hubo un tiempo en que se nos acusaba de otra inmoralidad política, la de cortejar a los partidarios de un movimiento proscrito mediante la promesa de devolverle la legalidad. Ahora ya no se puede imputar mala fe al gobierno cuando se esfuerza por restaurar los derechos cívicos para toda la ciudadanía, porque no hay un solo partido o grupo de la oposición que no se haya expedido públicamente en favor del levantamiento de las proscripciones.
Pero ocurre algo muy curioso: todos están de acuerdo en que hay que terminar con las proscripciones, pero cuando el gobierno intenta instrumentar jurídicamente la igualdad de derechos cívicos, la oposición vuelve a acusarlo de pactar con los proscriptos. En otras palabras: es lícito declamar el fin de las proscripciones, pero no es moral ejecutarlo en la práctica. Habría que preguntarse, entonces, dónde están la dualidad y el oportunismo.
Cuando el único objetivo es desacreditar al gobierno
Todos los procedimientos son buenos para desacreditar al gobierno. Si el gobierno adjudica una obra se dice que alguien del gobierno o un amigo del presidente o del ministro tal o cual tiene interés en que se la ejecute. Si no se la adjudica, se dice que alguien del gobierno o un amigo del presidente o del ministro tal o cual tiene interés en que no se haga la obra. Si se hacen caminos se dice que es para beneficiar a los fabricantes de automotores. Si se privatiza el transporte para que sea más eficiente, se dice que se quiere liquidar al ferrocarril. Si se racionaliza y moderniza el ferrocarril, se dice que se carece de sensibilidad social para adoptar las medidas, aunque se comprueba a diario que el personal voluntariamente se retira, cobra importantes indemnizaciones y pasa a revistar en mejores condiciones a la actividad privada.
La única manera de no ser blanco de las críticas sería cruzarse de brazos y dejar las cosas como están. Pero nosotros preferimos que se nos critique porque hacemos cosas.
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