“Aquí secuestraron a los obreros navales de Astarsa. Memoria, Verdad y Justicia”, rezaba el cartel de 8 metros. “Exigimos ribera pública”, podía leerse al lado en otra pancarta. Los compañeros de los trabajadores asesinados y desaparecidos de esa empresa colocaron, además, treinta cascos amarillos con sus nombres sobre el muelle de lo que fueron los Astilleros Argentinos Río de la Plata SA (Astarsa), cerrados en 1996. Enterados de que el predio fue vendido y se construirá un barrio privado, reclaman la porción de terreno para preservar un espacio para la memoria.
“Mientras ese lugar no estuvo habitado, nos conformábamos con ir a la puerta, con nuestra música y antorchas, luego de las marchas, pero desde que supimos que lo van a usar los oligarcas se nos voló la cabeza y empezamos a ver la posibilidad de tener un lugar nuestro ahí, aunque sea un barrio cerrado”, confesó a Página/12 Carlos Morelli, ex obrero naval de Astarsa. Según su relato, fueron a ver al ex intendente de Tigre y actual jefe de Gabinete, Sergio Massa, que les dijo que iba a analizar la situación. “Buscamos más a fondo y descubrimos que el 14 por ciento del terreno que da a los canales, que son vías de navegación, pertenece al espacio público, no se puede construir. Son cinco hectáreas por donde entrábamos a trabajar y por donde se botaban los barcos (anguilera), queremos un pedazo de ese paseo para la memoria”, completó Morelli.
Esta pretensión es resistida por el municipio y por los dueños del predio, que cuenta con 32 hectáreas limitadas por la calle Luis Pereyra, las vías del Tren de la Costa, dependencias del Onave, el barrio Villa Garrote y el río Luján. Sin embargo, la iniciativa de los ex obreros navales y de la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Memoria de Zona Norte (Cmvjzn) cuenta con la adhesión de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, las Madres de Plaza de Mayo y el Serpaj (Servicio de Paz y Justicia). “Una forma de que la gente conozca nuestro reclamo era hacer esta actividad, sobre la ribera que queremos”, dijo el ex obrero naval.
La Cmvjzn se fue nucleando en torno de los casos de los 24 trabajadores desaparecidos de ese sector, de los cuales 12 eran empleados de Astarsa.
Esa empresa llegó a ser el astillero privado más importante del país, con capitales de los dueños de la Ferretería Francesa y la familia Braun Menéndez. A principios de los ’70, cada botadura se cobraba la vida de uno o dos obreros navales. En mayo de 1973, tras la muerte del obrero José María Alesia, sus compañeros tomaron la empresa con retención de rehenes en reclamo de mejores condiciones de trabajo, exigiendo la conformación de una comisión de seguridad e higiene y la reincorporación de todos los despedidos desde 1965 por motivos políticos y gremiales. Así se dio la inédita experiencia, articulada con la universidad, en la prevención de accidentes laborales. Pero, en marzo de 1976, el Ejército detuvo a 60 obreros, en un operativo que contó con la colaboración de la patronal y del sindicato, según el relato de varios sobrevivientes. Lo que siguió fueron asesinatos y desapariciones de estos trabajadores navales, según Morelli, “en represalia por lo contundente de nuestra lucha.
Por Adriana Meyer
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